La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha iniciado un proceso de renovación interna que ha implicado la sustitución de más de 100 funcionarios, con el objetivo de erradicar las irregularidades que han afectado a la institución. La directora ejecutiva de la entidad, Margot Ayala, destacó que esta medida forma parte de un plan estratégico para evitar la repetición de problemas vinculados a la corrupción y el manejo indebido de recursos.
Ayala señaló que la problemática detectada en la ANH revela la existencia de una red dedicada al desvío ilegal de combustible, que involucra no solo a esta agencia, sino también a otras instituciones relacionadas. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que otras entidades adopten acciones similares para enfrentar estas prácticas ilícitas.
En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía procedió a realizar un allanamiento en las oficinas de la ANH, como parte de las pesquisas sobre la salida irregular de 14 cisternas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hacia distintos surtidores durante febrero de este año. La Agencia colaboró facilitando la documentación solicitada por la comisión de fiscales, mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los procedimientos de autorización y licenciamiento que se habrían otorgado sin cumplir con los protocolos establecidos.
Esta intervención se produce después de que la Fiscalía y la Policía ejecutaran operativos similares en instalaciones de YPFB en varios departamentos. En La Paz, la planta de Senkata fue objeto de allanamiento, con detenciones relacionadas; en Santa Cruz también se reportaron aprehensiones. En Cochabamba, las acciones se dirigieron a YPFB y YPFB Redes, donde se detuvo a una persona implicada en cobros irregulares para favorecer a una empresa en procesos de contratación. Asimismo, en Oruro se llevó a cabo un allanamiento vinculado a una investigación por presunto sobreprecio en la construcción de tanques para almacenamiento de combustible.
Estas medidas reflejan un esfuerzo coordinado para desmantelar las redes de corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de recursos energéticos, con el compromiso de fortalecer las instituciones involucradas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente
