La gobernación del departamento recibió un desembolso de 22,4 millones de bolivianos en concepto de regalías por hidrocarburos correspondientes al mes de noviembre, cifra inferior a los más de 31,5 millones que había presupuestado inicialmente. De esta cantidad, una retención de 6,2 millones permanece pendiente de liberación, situación que genera preocupación en la administración regional debido a las múltiples necesidades financieras que enfrenta.
Erick Montaño Miranda, secretario de economía y finanzas, explicó que además de las regalías, se recibieron cerca de 3 millones provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), junto con recursos del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD). No obstante, los ingresos por estos conceptos han mostrado una tendencia a la baja mes a mes, lo que representa un desafío para el cierre presupuestario del año.
Con menos de un mes para finalizar la gestión, las autoridades trabajan para cumplir con las obligaciones prioritarias, entre ellas el pago de aguinaldos a los funcionarios. Sin embargo, la retención judicial de 6,2 millones de bolivianos, vinculada a una deuda de gestiones anteriores, complica aún más la situación financiera. Montaño indicó que este proceso legal, que se prolonga desde hace varios años, impide el acceso a dichos recursos, aunque evitó ofrecer detalles sobre las partes involucradas o el origen específico de la deuda.
En términos generales, el presupuesto anual para regalías superaba los 342 millones de bolivianos, pero hasta la fecha solo se han recibido 237 millones, lo que representa un déficit aproximado del 30,7%. Esta brecha presupuestaria dificulta la atención de las obligaciones crecientes de la gobernación, que se ve afectada por la disminución de ingresos.
Por otro lado, tanto el secretario Montaño como el gobernador han solicitado a la Asamblea Legislativa una revisión o anulación de ciertas normativas vigentes que obligan a la administración a destinar recursos que actualmente no están disponibles. A pesar de estas peticiones, no se ha realizado ninguna modificación a las más de 90 leyes aprobadas desde 2010, lo que mantiene la situación financiera en un estado crítico al concluir el periodo de gestión actual
