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El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, ha iniciado una serie de medidas para combatir la corrupción dentro de la institución, enfocándose en reorganizar y transparentar operaciones clave. Dos instructivos principales han sido emitidos para abordar irregularidades detectadas en la Dirección de Tránsito y en la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

En el ámbito de Tránsito, se ha dispuesto la eliminación de comisarías creadas de manera irregular, que funcionaban con fines ilegales y extorsivos. Estas unidades, que operaban fuera de la estructura oficial, generaban ingresos ilícitos mediante prácticas de extorsión, afectando a la población. El comandante Sokol señaló que esta medida busca erradicar esos espacios que, en algunos casos, estaban ubicados incluso en dependencias policiales sin relación directa con Tránsito. La reorganización contempla centralizar las funciones en las oficinas principales de Tránsito ubicadas en las capitales departamentales, comandos regionales y provinciales, garantizando así un control más riguroso de las operaciones.

Además, se ha ordenado la creación de una oficina de atención en cada dirección de tránsito departamental o provincial. Este espacio funcionará como un punto único para la recepción y sistematización de casos, permitiendo un control cruzado que prevenga la manipulación o acuerdos irregulares en las calles. Los datos recopilados serán supervisados por el Departamento de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con el objetivo de dar seguimiento a cada denuncia y cortar los mecanismos de corrupción existentes.

En cuanto a Diprove, el nuevo instructivo establece que todos los operativos deben realizarse con la presencia de un funcionario del área de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dependiente de Inspectoría General. Esta medida pretende evitar que agentes policiales actúen de manera irregular, especialmente en horarios nocturnos o fuera de control, realizando extorsiones o arreglos ilegales durante las intervenciones. Cualquier operativo que se ejecute sin la autorización y supervisión correspondiente será sujeto a procesos disciplinarios o penales.

El comandante general adelantó que estas acciones forman parte de un plan gradual para enfrentar la crisis institucional derivada de prácticas corruptas arraigadas en la Policía Boliviana. Próximamente, se presentarán nuevas estrategias destinadas a fortalecer la transparencia y la legalidad en el trabajo policial, con el compromiso de erradicar las conductas que afectan la confianza ciudadana

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