Boliviana de Aviación (BoA) enfrenta actualmente una profunda crisis financiera que se refleja en pérdidas acumuladas que superan los 400 millones de bolivianos desde su fundación. La estrategia de mantener tarifas congeladas con el objetivo de desplazar a competidores ha resultado contraproducente para la estabilidad económica de la aerolínea estatal. Este escenario adverso se ha visto agravado por frecuentes retrasos en sus vuelos, constantes reclamos de los usuarios y problemas técnicos en su flota. En respuesta a esta situación, las nuevas autoridades gubernamentales han anunciado la realización de una auditoría exhaustiva.

Desde su creación en 2009, BoA se posicionó como el brazo operativo del Estado para competir en el mercado aéreo nacional frente a otras compañías. Durante su primera década, incrementó significativamente el número de pasajeros transportados, pasando de 260.000 a más de 3,6 millones, consolidándose en rutas tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, a pesar de este crecimiento en volumen, la aerolínea no logró alcanzar rentabilidad alguna, incumpliendo las metas de utilidades establecidas en su Plan Estratégico 2015–2020.

Diversos factores han contribuido a su declive financiero. La crisis sociopolítica de 2019 redujo considerablemente sus operaciones, generando pérdidas cercanas a los 200 millones de bolivianos. Posteriormente, la pandemia global de 2020 golpeó duramente al sector aéreo, y BoA registró pérdidas superiores a los 50 millones de dólares. Para sostener sus actividades, el gobierno inyectó recursos por 37,5 millones de bolivianos en 2021. Sin embargo, en 2023 la compañía cerró el año con un déficit de casi 196 millones de bolivianos.

El balance correspondiente a 2024 refleja una situación compleja. Aunque se reportó una utilidad contable de 84,4 millones de bolivianos, esta cifra no resuelve los problemas estructurales que persisten, entre ellos un patrimonio negativo que supera los 432 millones de bolivianos debido a años de déficits continuos, gastos elevados y tarifas congeladas que distorsionaron los ingresos. Además, los primeros meses de 2025 muestran nuevamente pérdidas acumuladas por cerca de 34 millones de bolivianos.

Un aspecto relevante fue la mejora temporal en las finanzas gracias a la venta de una aeronave, que incrementó los ingresos por conceptos no recurrentes en más de un 16%. No obstante, esta operación no refleja la realidad operativa, la cual continúa mostrando vulnerabilidades como tarifas desactualizadas, alta exposición al tipo de cambio y dependencia creciente de ingresos no sostenibles.

En el ámbito administrativo, el análisis de las contrataciones también genera preocupación. En 2024, se ejecutaron gastos por más de 125 millones de bolivianos, de los cuales un 93% se realizó mediante contratación directa sin procesos de licitación pública, lo que limita la transparencia. Solo se llevaron a cabo seis procesos con declaración jurada, y uno de ellos no se concretó.

El informe financiero indica un crecimiento significativo en las disponibilidades de caja y bancos, atribuible probablemente a la venta del avión o a otros ingresos no operativos. Sin embargo, se observa una disminución del 20% en activos no corrientes y una casi desaparición de activos diferidos, lo que refleja una fuerte amortización y reclasificación contable. A esto se suma un aumento del 55% en depreciación y amortización, así como un rubro de intereses y rentas de la propiedad cercano a los 327 millones de bolivianos, cuya naturaleza no queda del todo clara en el informe.

Actualmente, la aerolínea estatal enfrenta 43 procesos legales activos en ámbitos laborales, civiles y administrativos, lo que añade presión a su gestión.

Más allá de los indicadores financieros, la experiencia del pasajero ha sufrido un deterioro visible. Durante 2024 y parte de 2025, en aeropuertos principales se registraron demoras prolongadas, reprogramaciones sin previo aviso y problemas operativos recurrentes que generaron numerosas quejas en redes sociales y reclamaciones formales, cuestionando la capacidad de gestión de la empresa.

Frente a este panorama, el nuevo ministro de Obras Públicas ha declarado que BoA será una prioridad en su gestión, anunciando una auditoría profunda que abarcará tanto aspectos operativos como administrativos, incluyendo contrataciones y estructura interna. El objetivo es realizar un diagnóstico exhaustivo para identificar las causas reales de la crisis y definir medidas contundentes.

La revisión se centrará en los problemas operativos que afectan la puntualidad y calidad del servicio, así como en la transparencia y eficiencia administrativa. El ministro destacó que la reestructuración de la aerolínea estatal es clave para potenciar la conectividad internacional y fortalecer el turismo, en línea con la política gubernamental de abrir Bolivia al mundo y viceversa.

Desde el sector privado, representantes de la industria aérea consideran que esta auditoría es necesaria y debió haberse implementado con anterioridad. Se plantea que el análisis debe ser integral, abarcando aspectos financieros, jurídicos, operativos y de mantenimiento, para abordar problemas que se arrastran desde la fundación de la empresa.

Asimismo, se recuerda la competencia desleal que BoA ejerció en sus inicios mediante tarifas subsidiadas y respaldo estatal, lo que contribuyó al colapso de otras aerolíneas privadas históricas. Sin embargo, se descarta la desaparición de la compañía estatal, enfatizando la necesidad de que compita en igualdad de condiciones con otros operadores y se evalúan opciones como fusiones o apertura a nuevos actores bajo reglas claras.

Expertos en economía advierten que la aerolínea continúa enfrentando presiones financieras debido a la necesidad de inversiones, altos costos operativos y un nivel de endeudamiento aún no plenamente conocido. La sostenibilidad dependerá en gran medida de los resultados de la auditoría y de la capacidad para adaptarse a un mercado competitivo.

En conclusión, la revisión que se avecina será determinante para definir el rumbo de Boliviana de Aviación. La empresa estatal debe optar entre una reestructuración profunda que garantice su viabilidad o continuar enfrentando dificultades que podrían comprometer su futuro