Un análisis técnico reciente ha revelado que entre enero y agosto de 2025, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) permitió la activación de al menos 1.053 teléfonos celulares cuyos IMEI, en su mayoría reportados como robados por sus propietarios, fueron ilegalmente rehabilitados o retirados de las listas negras. Este procedimiento, que debería estar restringido, fue ejecutado sin la autorización correspondiente ni la documentación necesaria.
Este tipo de acciones suelen ser llevadas a cabo por individuos con intenciones ilícitas, quienes buscan comercializar dispositivos móviles obtenidos de forma fraudulenta. La normativa vigente, específicamente la Regulación Administrativa TL N° 0115/2009 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), establece que únicamente el titular registrado del equipo puede solicitar la restitución del servicio asociado a un IMEI bloqueado por reporte de robo.
El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones severas, incluyendo la suspensión de operaciones de la empresa telefónica involucrada y la imposición de multas significativas. En este contexto, un documento interno fechado el 20 de agosto de 2025, firmado por el subgerente de Experiencia del Cliente, Carlos Alberto Sánchez, alertó sobre la reactivación no autorizada de IMEI por parte de operadores de Datacom S.R.L., empresa encargada de la atención al cliente y servicios técnicos para Entel.
A pesar de los intentos por obtener declaraciones de altos cargos, incluyendo al presidente del directorio de Entel y al gerente general de Datacom, no se logró respuesta alguna ante las solicitudes de aclaración. La investigación interna solicitó a Datacom la entrega de documentación que respaldara cada una de las reactivaciones de IMEI, conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 353, con un plazo de 48 horas para la presentación de dichos documentos.
Las oficinas de Datacom en diversas regiones respondieron con informes que, tras revisión, evidenciaron la ausencia de los respaldos requeridos para justificar las habilitaciones. El 8 de septiembre, se notificó a los directivos de ambas empresas sobre la gravedad de la situación y las posibles consecuencias legales y económicas para Entel. Sin embargo, según testimonios internos, no se adoptaron medidas concretas para corregir la situación.
El informe técnico identificó a 21 operadores de Datacom y dos empleados de Entel como responsables directos de la activación irregular de IMEI bloqueados por reporte de robo. Por ejemplo, uno de los operadores registró 184 casos en los que dispositivos denunciados como robados en años anteriores fueron liberados y registrados el mismo día por terceros, permitiendo su uso ilícito.
Adicionalmente, empleados de base de Datacom, que solicitaron mantener su anonimato, señalaron que estas irregularidades forman parte de un panorama más amplio de problemas internos, incluyendo denuncias de corrupción, acoso sexual, despidos injustificados y hostigamiento laboral, atribuidos a ciertos directivos y representantes sindicales.
Datacom, con mayoría accionaria de Entel, fue creada hace 17 años para ofrecer servicios de atención al cliente y mantenimiento técnico, inicialmente con la intención de atender también a otras empresas. Sin embargo, debido a problemas administrativos, varios contratos externos fueron cancelados. Actualmente, alrededor de 1.600 trabajadores dependen de esta empresa, pero enfrentan una situación laboral complicada debido a conflictos con la dirigencia sindical y la falta de respuesta de autoridades laborales y políticas.
Los denunciantes indican que la vinculación política entre los dirigentes y altos mandos de Datacom con el partido gobernante ha contribuido a la impunidad y a la falta de acciones correctivas. En particular, señalan que ni la gestión anterior de Entel ni el área de Transparencia han tomado medidas legales o administrativas ante estas irregularidades, siendo la última directriz interna para prevenir este tipo de casos emitida en 2012.
Actualmente, las personas implicadas en estas prácticas continúan en sus puestos dentro de Datacom, manteniendo acceso a las herramientas de trabajo de Entel y poniendo en riesgo los derechos de los usuarios, sin que se haya iniciado ningún proceso interno disciplinario. Esta situación plantea serias dudas sobre la gestión y supervisión de los servicios de telecomunicaciones en la empresa estatal
