Las autoridades bolivianas han confirmado el regreso de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) al país, con el propósito de fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, anunciaron que esta colaboración se enmarca dentro de un esfuerzo conjunto que incluye a diversas agencias internacionales y países vecinos para enfrentar delitos transnacionales.
En el acto de posesión de tres nuevos viceministros, Oviedo destacó que, además de la DEA, se contará con el apoyo de unidades policiales de la Unión Europea y otros convenios regionales. Las nuevas autoridades designadas son Jorge Franz García como viceministro de Régimen Interior, Ernesto Justiniano en Defensa Social y Sustancias Controladas, y Rolando Montaño en Seguridad Ciudadana.
Por su parte, Justiniano enfatizó la complejidad de la tarea que implica combatir el narcotráfico y la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales para proteger a la sociedad. En declaraciones recientes, señaló que su gestión buscará una coordinación efectiva con todas las agencias internacionales involucradas, subrayando que durante la administración anterior no se logró una cooperación sólida con estas entidades. Además, anticipó que la DEA podría iniciar próximamente trabajos en un país fronterizo para mejorar la coordinación en la región.
Cabe recordar que la DEA fue expulsada de Bolivia en 2009, tras un proceso que comenzó con la salida del embajador estadounidense en 2008, debido a acusaciones de interferencia en asuntos internos. En este contexto, Justiniano informó que ha solicitado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) información estadística que permita diseñar planes y evaluar resultados. También destacó la importancia de incorporar datos sobre la capacidad de producción de drogas en el país, aspecto que hasta ahora no se ha registrado con precisión.
Este renovado enfoque busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico, un desafío que las autoridades bolivianas consideran prioritario para garantizar la seguridad y el bienestar de la población
