Medidas preventivas han sido activadas en 31 puntos fronterizos del país, abarcando tanto vías terrestres como terminales aéreas, con el objetivo de asegurar la permanencia de exfuncionarios públicos dentro del territorio nacional. Esta iniciativa responde a la necesidad de cumplir con disposiciones legales vigentes que regulan la salida de autoridades que han concluido su mandato.
La División Nacional de Policía Internacional (Interpol), en coordinación con la Dirección General de Migración, está implementando estas directrices. Un portavoz de la entidad policial internacional explicó que se busca hacer cumplir la normativa que establece un período de permanencia obligatoria para quienes han cesado en sus funciones públicas.
El marco legal que sustenta estas acciones es la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria. Esta legislación estipula que las autoridades que finalizan su gestión política deben permanecer en el país por un lapso de tres meses. La norma abarca a diversas figuras públicas, incluyendo al presidente, vicepresidente, ministros, miembros de la asamblea legislativa y ejecutivos de empresas estatales.
El propósito fundamental de esta ley es garantizar que los funcionarios salientes presenten todos los informes necesarios, promoviendo la transparencia y salvaguardando los intereses del Estado. De esta manera, se busca asegurar la continuidad de la gestión gubernamental y prevenir la impunidad ante posibles actos de corrupción. La Ley de Permanencia Obligatoria fue promulgada el 14 de octubre de 2020.
Un representante de la Interpol precisó que el período de retención establecido por la normativa es de 90 días. Hasta el momento, y tras un cruce de información con el servicio de Migración, no se ha registrado ninguna solicitud explícita de salida por parte de los exfuncionarios, lo que subraya la observancia de la regulación existente.
Esta legislación, conocida coloquialmente como Ley de Arraigo, es aplicable a todas las autoridades de entidades públicas y mixtas que administran recursos fiscales. Su aplicación facilita los procesos de rendición de cuentas y actúa como un mecanismo disuasorio para evitar la evasión en caso de que se detecten irregularidades.
En el ámbito político, el pasado 8 de noviembre marcó la toma de posesión del nuevo presidente del país, sucediendo a una administración que estuvo en el poder por casi dos décadas. Este cambio de gobierno es el contexto en el que se enmarcan las actuales medidas.
Recientemente, un legislador nacional alertó a las autoridades migratorias sobre las implicaciones de permitir la salida de estos exfuncionarios, recordando que tal acción podría constituir un delito de incumplimiento de deberes
