Este domingo, la ciudadanía ecuatoriana se prepara para una jornada electoral trascendental, la cuarta ocasión en que el actual Presidente, Daniel Noboa, someterá su gestión al escrutinio popular. A diferencia de consultas previas, incluyendo el referéndum de 2024 y las elecciones presidenciales de 2023 y las proyectadas para 2025, este proceso se desarrolla en un clima de considerable agitación social.

Los votantes deberán pronunciarse sobre una serie de reformas fundamentales para el país. Entre las propuestas clave se encuentra la convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna, así como la posibilidad de permitir nuevamente la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional. Adicionalmente, se someterá a consideración pública la reducción del número de legisladores y la eliminación del financiamiento estatal destinado a los partidos políticos.

Se estima que cerca de 14 millones de ecuatorianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las 24 provincias del país. A este contingente se suman 481.373 ciudadanos nacionales que residen fuera de las fronteras.

Este plebiscito es percibido como un indicador crucial tanto del rumbo político propuesto por la administración de Noboa como del nivel de apoyo ciudadano que ostenta. El escenario electoral está marcado por el profundo malestar generado por una crisis de inseguridad que, según proyecciones, podría convertir a 2025 en el año más violento registrado en la historia del país. Asimismo, la crítica situación de desabastecimiento que afecta a los hospitales públicos representa otra fuente significativa de preocupación y descontento entre la población