Una iniciativa legislativa ha sido presentada ante el Concejo Municipal con el propósito de auditar el contrato suscrito por la administración local con la empresa Smart Solutions, referente a la implementación del sistema de detección de infracciones viales mediante cámaras. La propuesta, formalizada a través de un proyecto de resolución, busca obtener la aprobación del pleno para llevar a cabo una revisión exhaustiva de dicho acuerdo.
La promotora de esta medida ha sostenido que sus previas advertencias sobre el contrato han sido corroboradas por los acontecimientos. En su momento, se señaló que el acuerdo menoscababa derechos fundamentales y garantías constitucionales, al imponer sanciones pecuniarias consideradas desproporcionadas y perjudiciales para la economía de los ciudadanos.
Se ha recordado que, para la puesta en marcha de este sistema, el Ejecutivo municipal emitió un decreto que, a pesar de no haber sido publicado oficialmente, entró en vigencia y sirvió de base para la aplicación de las multas.
La solicitud de auditoría se fundamenta en dos pilares esenciales. En primer lugar, se busca esclarecer el marco jurídico y las facultades legislativas que sustentaron la concertación del contrato. Es crucial determinar sobre qué instrumentos legales se basó la alcaldía para validar un documento que ha sido objeto de cuestionamiento por parte del propio sistema judicial.
En segundo lugar, la auditoría debe establecer con precisión la inversión realizada por la compañía privada en el desarrollo de este proyecto, que se encontraba en fase de prueba. Se ha mencionado públicamente una cifra de 1.5 millones de dólares, y se considera imperativo conocer el destino exacto de este monto. La preocupación radica en que, al no existir inversión municipal directa según los términos contractuales, la población local sería la que, en última instancia, asumiría el costo de esta operación, sumado a las multas generadas, en la búsqueda de un retorno para la empresa.
Por otra parte, el sector del transporte ha manifestado su firme oposición al contrato de las sanciones viales, solicitando su anulación. La preferencia de este gremio es que las penalizaciones provengan directamente de la entidad municipal, y no de una empresa privada externa. Se ha señalado que decisiones judiciales previas han indicado irregularidades en el acuerdo, lo que, a su juicio, obliga al Ejecutivo a proceder con su rescisión. Se argumenta que la compañía estaba afectando los derechos de los ciudadanos mediante la imposición reiterativa de multas
