La reciente promulgación de la Ley Municipal N.º 1714/2025, que establece el marco regulatorio para el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros y crea el Sistema de Taxi Seguro (STS), ha generado inquietud entre diversos sectores. Se advierte que las nuevas exigencias, procedimientos y sanciones introducidas por esta normativa podrían desencadenar efectos opuestos a los pretendidos, como una disminución en el número de conductores formalmente registrados, un incremento de la informalidad en el sector y un deterioro de la seguridad vial.
La legislación actual impone a todos los prestadores del servicio de taxi, incluyendo a aquellos que operan mediante plataformas digitales, la obligación de inscribirse en el STS bajo condiciones considerablemente más estrictas que las previamente vigentes. Adicionalmente, se requiere la obtención de una Autorización Municipal de Operaciones (AMO). El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos impedirá a los conductores ejercer su labor legalmente y los expondrá a diversas sanciones.
Un aspecto particularmente cuestionado es el intento de subsumir las aplicaciones digitales de transporte en un esquema normativo que algunos consideran desfasado. La ley contempla medidas como la obligatoriedad de exhibir múltiples distintivos visibles en los vehículos e incluso prohíbe la operación de servicios que no dispongan de una oficina física en el municipio. Estas disposiciones amenazan con despojar de sustento a miles de familias cochabambinas que dependen económicamente de estas plataformas, al tiempo que afectarían a los numerosos usuarios que confían diariamente en estos servicios por su conveniencia y percibida seguridad.
Expertos señalan que la imposición de regulaciones tan restrictivas y carentes de una base técnica sólida no solo restringe la libre competencia en el mercado, sino que también podría provocar alteraciones desfavorables en las tarifas de transporte para la ciudadanía. Además, se argumenta que estas medidas colisionan con preceptos fundamentales de la Constitución Política del Estado, en particular los relacionados con la equidad y el derecho al trabajo.
La necesidad imperante para Cochabamba es la construcción de un marco regulatorio moderno y equilibrado. Dicho esquema debería fomentar un diálogo constructivo, promover activamente la formalización del sector y capitalizar la tecnología como una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad ciudadana, en lugar de erigirse en un obstáculo para el progreso y el desarrollo departamental
