La formalización de la acusación contra el expresidente por el delito de trata de personas agravado ha sido presentada, respaldada por un considerable volumen de evidencia. Las autoridades han detallado que el expediente incluye un centenar de elementos documentales y casi cuarenta testimonios.
Adicionalmente, la carpeta de investigación incorpora pruebas periciales de índole material, como el análisis de dispositivos móviles incautados, y resultados de genética forense, fortaleciendo la base probatoria del caso.
Desde el Ministerio Público se ha manifestado la intención de solicitar una sentencia condenatoria, en cumplimiento de su rol de defensa social y estatal. Esta acción se produce bajo la dirección del actual fiscal departamental, quien asumió el cargo tras la remoción de su predecesora después de cuatro años de gestión.
Los principales señalados en este proceso son el exmandatario y Idelsa Pozo Saavedra, identificada como la madre de la persona afectada. En contraste, Emeterio Vargas Mamani, padre de la víctima, ha sido desvinculado de la causa y se espera su liberación inminente del centro penitenciario de Morros Blancos, donde permanecía bajo detención preventiva.
El escrito acusatorio ha sido remitido al Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Corresponderá ahora a un Tribunal de Sentencia fijar la fecha y hora para el inicio del juicio oral y contradictorio.
La institución fiscal ha reafirmado su compromiso con la investigación, indicando que la decisión de acusar formalmente se basa en la solidez de las pruebas recabadas, superando la fase de meros indicios que caracterizó la etapa preparatoria. Se ha enfatizado que la acumulación de elementos documentales, testimoniales, materiales y periciales es fundamental para el desarrollo del juicio oral contra el exgobernante y la progenitora de la víctima.
Paralelamente, el exmandatario enfrenta otra investigación en Argentina por supuesta corrupción de menores. Este caso, impulsado por una denuncia de una fundación, fue reactivado a principios de este año, después de haber sido archivado a finales de 2024. La Cámara Federal del país vecino determinó que la denuncia inicial contiene datos suficientemente concretos y graves que justifican una investigación exhaustiva
