La máxima instancia del Ministerio Público ha dispuesto la remisión de una acción legal contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyo mandato se extendió, para que el proceso se desarrolle en la jurisdicción de juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta iniciativa legal fue impulsada por Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien imputa a cinco miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional por presunta usurpación de funciones y la emisión de resoluciones que contravienen el orden constitucional y legal.
Posterior a la formalización de esta acusación, el Órgano Judicial manifestó un respaldo unánime a las gestiones iniciadas por Saucedo, orientadas a la separación de los cinco magistrados cuestionados.
La coyuntura de esta acción, a escasas dos semanas de una crucial segunda vuelta electoral, ha suscitado inquietudes sobre una posible interferencia en el proceso comicial. No obstante, el Órgano Judicial ha desestimado categóricamente cualquier intención de influir en los resultados electorales. En este contexto, Manuel Baptista, quien preside el Consejo de la Magistratura, enfatizó que las medidas adoptadas por Saucedo contra los magistrados con mandato extendido responden a una postura institucional y no a una iniciativa de carácter personal.
El titular del Ministerio Público, Roger Mariaca, ha fundamentado esta decisión explicando que, conforme a la jurisprudencia establecida, la jurisdicción ordinaria carece de competencia para enjuiciar a magistrados. Por consiguiente, el procedimiento adecuado implica su remisión a la Asamblea Legislativa, en estricto cumplimiento de la Ley 044, que regula el juzgamiento de altas autoridades. Mariaca subrayó que la Fiscalía General del Estado no posee facultades para destituir o iniciar procesos directos contra autoridades electas. Confirmó, además, que el expediente ha sido enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su tramitación en dicha instancia.
Bajo el marco de la Ley 044, la Cámara de Diputados es la entidad responsable de recepcionar las acusaciones contra magistrados. Su Comisión de Justicia se encarga de la fase preparatoria del proceso y, en caso de formularse una acusación formal, esta debe ser aprobada por mayoría absoluta en el pleno. La etapa de juicio se lleva a cabo posteriormente en el Senado.
Los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional involucrados en esta situación son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
Según la acusación formulada por Saucedo, los mencionados magistrados habrían incurrido en ilícitos al dictar una sentencia que extendió sus mandatos más allá del periodo de seis años establecido por la Constitución.
Estos magistrados han sido objeto de severas críticas, no solo por la extensión de su propio periodo de funciones, sino también por acciones como la suspensión parcial de las elecciones judiciales en cinco departamentos. Adicionalmente, se les ha señalado por presuntamente colaborar con la administración de Luis Arce para anular interpelaciones ministeriales y por la supuesta transferencia del símbolo partidario del MAS del sector conocido como evista al arcismo
