La máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido un enérgico llamado a la dimisión inmediata de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos mandatos han sido extendidos. El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, ha acusado a estos funcionarios de infligir un daño considerable a la democracia del país. En respuesta, voceros del TCP han recordado que la única vía constitucional para su sustitución es a través de un proceso electoral por voto popular, al tiempo que han manifestado su sorpresa ante el cambio de postura del titular del TSJ.
Este ultimátum se produce en un momento político crucial, a menos de un mes de la conclusión de los mandatos de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, marcando una transición política que algunos observadores asocian con el declive de una fuerza política dominante. En una declaración pública, Saucedo delineó dos opciones para los magistrados: renunciar de inmediato a sus cargos, aludiendo a la ausencia de fundamento legal y legitimidad, o enfrentar una eventual expulsión por lo que calificó de usurpación de la Constitución y las leyes. Enfatizó la urgencia de restaurar la institucionalidad en Bolivia.
Los magistrados señalados son Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo, quienes continúan en sus funciones a pesar de que sus mandatos, conferidos por el voto ciudadano, finalizaron en diciembre de 2023. El presidente del TSJ ha sostenido que el TCP, bajo la dirección de estos magistrados, se ha transformado en una de las instituciones más perjudiciales para la nación y su sistema democrático.
En este contexto, la Cámara de Senadores ya ha aprobado un proyecto de ley, impulsado por la senadora Silvia Salame, que busca adecuar la normativa constitucional para el funcionamiento transitorio y excepcional tanto del TSJ como del TCP. Esta propuesta legislativa contempla el cese de los magistrados con mandatos prorrogados. La iniciativa se encuentra ahora pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados, la cual, según reportes, enfrenta un considerable rezago en su agenda, con cientos de propuestas legales acumuladas, la mayoría de ellas presentadas durante la actual legislatura que está próxima a finalizar.
Desde el TCP, algunos magistrados, bajo condición de anonimato, han reiterado que el único mecanismo constitucionalmente válido para reemplazar a las autoridades judiciales es mediante elecciones universales. Han advertido que cualquier intento de la Asamblea Legislativa de disponer el cese de sus funciones sin una votación popular podría vulnerar gravemente la independencia de poderes, haciendo referencia a la facultad del Legislativo de preseleccionar candidatos, pero no de revocar mandatos otorgados por el sufragio.
Asimismo, los miembros del tribunal constitucional han expresado su perplejidad ante la reciente posición del presidente del TSJ. Recordaron que, en septiembre, participaron conjuntamente en una Sala Plena para la designación de vocales constitucionales. Además, a principios de año, el propio Saucedo había reconocido la necesidad de una coexistencia temporal con los magistrados prorrogados hasta que se eligieran sus reemplazos por voto popular. Representantes del TCP señalaron que esta modificación de postura resulta desconcertante, especialmente en un período cercano a un balotaje presidencial.
La propuesta de ley que busca cesar a los cinco magistrados prorrogados y permitir que el TCP opere únicamente con los cuatro electos en diciembre de 2024, según el planteamiento de la ley Salame, podría, a juicio de los magistrados del TCP, generar un vacío jurisdiccional temporal. Argumentan que tal medida podría interpretarse como una intromisión de un órgano sobre otro, comprometiendo el principio de separación de poderes.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el presidente del TSJ se pronuncia sobre esta cuestión. En julio, durante una conmemoración institucional, Saucedo ya había interpelado al presidente del TCP, instándolo a garantizar la certidumbre en las elecciones generales y a evitar cualquier menoscabo a las atribuciones del TSJ en la designación de vocales constitucionales. Uno de los magistrados del TCP había manifestado previamente su intención de permanecer en el cargo hasta la llegada de sus sucesores, subrayando que la responsabilidad de completar la preselección recae en la Asamblea
