El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ha articulado una posición definitiva respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional cuyos mandatos han sido extendidos. En su declaración, Saucedo presentó una disyuntiva ineludible: estos funcionarios deben optar por la renuncia inmediata a sus cargos o enfrentar un proceso de remoción.

La postura del titular del TSJ subraya que la continuidad de estos magistrados carece de legalidad y legitimidad, calificando sus acciones como una usurpación de los principios constitucionales y legales. En este contexto, enfatizó la imperiosa necesidad de que la nación recupere su integridad institucional.

Previamente, el máximo representante del TSJ había calificado al TCP como una entidad que ha infligido un considerable perjuicio al país y a su estructura democrática. Reafirmó que la permanencia de un número limitado de individuos no puede socavar los cimientos institucionales de la nación.

Esta firme postura se enmarca en un contexto legislativo donde la Cámara de Senadores ya ha aprobado un proyecto de ley destinado a concluir los mandatos de dichos funcionarios. La propuesta normativa ahora aguarda su tratamiento y posible ratificación en la Cámara de Diputados