El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, optó por ejercer su derecho constitucional al silencio durante su comparecencia ante la Fiscalía Departamental de La Paz, donde se le imputan cargos por presunto enriquecimiento ilícito. Esta misma determinación fue adoptada por otros dos exfuncionarios de la entidad estatal, quienes también fueron aprehendidos recientemente como parte de una investigación por corrupción pública.
A pesar de la reserva de los implicados, el Ministerio Público ha manifestado haber reunido un conjunto sólido de indicios que fundamentan la apertura del caso. Se ha logrado recolectar elementos que constituyen la base esencial para la investigación, incluyendo un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que respalda las sospechas de enriquecimiento ilícito. La causa fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, adscrito al Ministerio de Justicia, y se centra en supuestas irregularidades detectadas durante la administración de Flores al frente de Emapa.
Flores fue detenido en su domicilio, seguido horas después por la aprehensión de Marvin Vargas Venegas, quien se desempeñaba como su principal colaborador y administrador en Emapa. Según las autoridades fiscales, los activos acumulados por ambos no guardan una relación coherente con los ingresos percibidos durante su periodo de servicio en la empresa.
Conforme a su más reciente declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, Flores reportó un patrimonio de 2.8 millones de bolivianos en activos y la posesión de tres bienes inmuebles. No obstante, su salario mensual como gerente ascendía a 15.950 bolivianos. Para alcanzar el nivel patrimonial declarado, los investigadores estiman que habría sido necesario un ahorro del cien por ciento de sus ingresos durante catorce años, sin incurrir en gasto alguno, una situación considerada altamente inverosímil.
Franklin Flores asumió la gerencia de Emapa en mayo de 2021 y fue relevado en septiembre pasado por Richard Rojas. Previamente, ejerció como diputado uninominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la circunscripción 18 de La Paz. Durante su gestión en Emapa, se suscitaron cuestionamientos sobre la adquisición de productos agrícolas, específicamente maíz y trigo, por un valor de 18.2 millones de bolivianos a Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce Catacora. En su momento, Flores negó cualquier irregularidad, asegurando que las compras se efectuaron a todos los productores. Asimismo, fue objeto de observación por la presunta compra de harina a Rubén Ríos, un dirigente panificador que, según las alegaciones, habría constituido una importadora para vender a la estatal. Flores afirmó contar con todos los respaldos técnicos y financieros pertinentes, aunque la Fiscalía ha confirmado que dichos documentos aún no han sido presentados.
En un desarrollo reciente, la Fiscalía Departamental de La Paz ha emitido una imputación formal por enriquecimiento ilícito contra una funcionaria identificada como Daniela, quien fungía como fiscal de obras en Emapa. Se ha solicitado su detención preventiva por un periodo de cuatro meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La funcionaria es señalada por la elaboración de dos informes con observaciones, relacionados con una construcción que no era propiedad de Emapa y cuyo derecho propietario no se formalizó en un lapso de dos años. Adicionalmente, se han detectado depósitos sospechosos realizados por otros funcionarios de la estatal a sus cuentas personales, evidenciando un incremento patrimonial injustificado.
El Ministerio Público trabaja en la formalización de imputaciones para los otros dos aprehendidos, incluyendo a Marvin Vargas, y ha anunciado que en las próximas horas se convocará a más testigos para la toma de declaraciones.
De manera paralela, la Fiscalía avanza en las investigaciones vinculadas al caso Botrading, una presunta red de contratos irregulares en la comercialización de combustibles. Se ha confirmado la recepción de una nota oficial de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que investigó el caso y ha solicitado una reunión de coordinación con la Comisión de Fiscales para el intercambio de información. El documento está siendo evaluado por la Fiscalía General del Estado, y no se descarta la posibilidad de analizar la documentación o las conclusiones aportadas por los legisladores.
En los próximos días, se llevarán a cabo pericias financieras y técnicas con el objetivo de establecer con precisión los movimientos de capital de los implicados. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dispone de peritos especializados, y se agotarán todas las instancias para determinar la verdad histórica de los hechos.
Actualmente, tres exfuncionarios de Emapa permanecen aprehendidos; uno de ellos ya cuenta con imputación formal, mientras que los otros dos están a la espera de audiencia. Las investigaciones buscan dilucidar la existencia de una red de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos durante la administración de Franklin Flores
