La propuesta legislativa departamental de Tarija, que busca reformar el Estatuto de Autonomía para reducir el número de asambleístas, no ha logrado ser admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, a pesar de haber transcurrido más de un mes desde su presentación. Una comisión de legisladores dejó el proyecto de ley en la sede del TCP hace más de 30 días con la expectativa de su revisión y validación constitucional. Sin embargo, se ha constatado que el Tribunal aún no ha iniciado el proceso de admisión, generando preocupación ante la urgencia de este trámite en Tarija.
Desde la vicepresidencia de la Asamblea de Tarija, se ha confirmado que la ley permanece sin admisión en el TCP. Esta situación ha generado un llamado de atención sobre la actual inactividad de diversas instituciones y organizaciones que, en su momento, ejercieron una considerable presión sobre el órgano legislativo departamental para la aprobación de esta normativa. Grupos como el Comité Cívico, Fejuve, el sector del Transporte y la Central Obrera Departamental (COD) fueron actores clave en la fase de impulso local del proyecto, pero ahora parecen haber adoptado una postura de pasividad.
Se ha enfatizado la necesidad de que estas instituciones y organizaciones retomen su rol activo y continúen promoviendo la tramitación de la ley de reforma del Estatuto de Autonomía Departamental. Su apoyo es considerado crucial no solo para que el TCP admita el instrumento legal, sino también para que se proceda con su revisión de constitucionalidad.
Cabe recordar que esta ley departamental fue aprobada con una mayoría de dos tercios de los votos en la Asamblea de Tarija. Una vez que el proceso en Sucre avance y la normativa retorne, se prevé la organización de un referéndum departamental. Este mecanismo democrático permitirá a la ciudadanía autorizar la disminución del número de legisladores, un paso fundamental en la reforma.
Actualmente, la Asamblea Departamental cuenta con 30 asambleístas titulares y 30 suplentes, todos ellos percibiendo una remuneración mensual, aunque en el caso de los suplentes, esta es considerablemente menor. Esta estructura se considera excesiva para la población de Tarija, que representa aproximadamente el 5% del total nacional, y genera una carga presupuestaria significativa. La reducción del número de asambleístas es vista como una medida esencial para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia del aparato estatal.
La inacción de las organizaciones que previamente demandaban esta ley resulta particularmente llamativa en este contexto. Es fundamental que la sociedad civil de Tarija mantenga su impulso en este proceso, trasladando ahora su atención hacia el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre. La importancia de esta reducción radica en la búsqueda de una administración más austera y acorde a las necesidades departamentales.
En el ámbito presupuestario, la Asamblea, al igual que la Gobernación, enfrenta una profunda crisis económica, lejos de la bonanza experimentada durante el auge del gas. La falta de una reducción en el número de asambleístas podría llevar a una paralización de las actividades legislativas por insuficiencia de fondos. El presupuesto asignado a la Asamblea para el presente año asciende a 17.5 millones de bolivianos, aunque la disponibilidad real de estos recursos depende de la distribución que realice la Gobernación, sujeta a la situación financiera general. La optimización de recursos mediante la reducción de legisladores es, por tanto, una medida imperativa para asegurar la sostenibilidad y operatividad del órgano legislativo
