Una nueva legislación ha sido promulgada, marcando un hito crucial en la protección de la infancia y adolescencia en el ámbito digital. La Cámara de Diputados dio su aprobación final a la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, una medida largamente esperada ante la ausencia de tipificaciones penales específicas para la violencia en línea contra menores.

La necesidad de esta normativa se evidenció por la creciente incidencia de adultos que empleaban plataformas digitales para contactar y manipular a menores. Un incidente reciente en Potosí, ocurrido hace aproximadamente dos meses, ilustró esta problemática, donde un individuo, suplantando una identidad femenina, engañó y abusó de jóvenes varones. Representantes legislativos han subrayado la urgencia de establecer un marco legal que penalice estas conductas, las cuales hasta ahora carecían de una figura delictiva específica. Con la entrada en vigor de esta ley, se crea un tipo penal para quienes hagan un uso indebido de la tecnología y se aprovechen de la vulnerabilidad de los menores.

El proyecto de ley, impulsado por la Fiscalía General, había recibido previamente la aprobación de la Cámara de Senadores hace una semana, culminando su proceso legislativo con la ratificación por parte de los diputados. La nueva ley establece sanciones de tres a seis años de prisión para quienes hagan un uso indebido de las redes sociales con fines de agresión a menores, con la posibilidad de penas mayores dependiendo de la magnitud de la violencia infligida.

Hasta ahora, el Código Penal, en su título XI, abordaba los delitos contra la libertad sexual, pero sin contemplar explícitamente el uso de tecnologías o plataformas digitales para cometerlos. De igual forma, la sección de delitos informáticos se limitaba a la manipulación y el acceso o uso indebido de datos, dejando un vacío legal en la protección de menores frente a la explotación en línea.

Con esta aprobación, los legisladores han logrado establecer un marco jurídico que permitirá perseguir y sancionar eficazmente a quienes vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio. Desde la Fiscalía General se ha destacado la trascendencia de esta iniciativa, calificándola como un legado fundamental para la salvaguarda de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, un segmento de la población especialmente susceptible que requería una respuesta legislativa urgente