Un alto funcionario del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) ha manifestado su inquietud ante lo que describe como una presunta coacción ejercida por líderes sindicales sobre los empleados para que participen en una reciente movilización convocada por la Central Obrera Departamental de Tarija (COD). Se ha indicado que muchos trabajadores habrían sido compelidos a asistir bajo la amenaza de posibles sanciones.
El director de SEDECA ha informado que ya se ha notificado a la Dirección Departamental del Ministerio de Trabajo sobre esta situación, solicitando con urgencia la intervención de un inspector para verificar posibles ausencias injustificadas en el servicio público. Según el funcionario, existe evidencia de que numerosos trabajadores se ven forzados a marchar. Se ha señalado que la propia comunicación interna del sindicato establecería un control estricto de asistencia y la imposición de penalizaciones a quienes no se sumen a la protesta. Este patrón de comportamiento, según la autoridad, revela una dinámica coercitiva en el ámbito sindical.
Se ha destacado que varios de los empleados afectados perciben salarios mínimos, lo que los hace particularmente vulnerables a la presión, ya que no pueden arriesgarse a sufrir descuentos salariales. Por ello, ceden a la exigencia de participar en medidas de protesta que, en ocasiones, no se relacionan directamente con sus funciones laborales.
El director de SEDECA ha expresado su preocupación por la aparente falta de celeridad del Ministerio de Trabajo en abordar esta situación. Ha argumentado que, si bien la entidad actúa con rapidez ante denuncias individuales de trabajadores, debería mostrar la misma prontitud cuando una institución alerta sobre un posible incumplimiento laboral. De no ser así, se podría interpretar una falta de imparcialidad, lo cual sería inaceptable.
Finalmente, el funcionario ha subrayado que este tipo de acciones sindicales resultan en el abandono de funciones y repercuten directamente en la ciudadanía. Ha enfatizado que estas prácticas perjudican el desempeño del país y hacen evidente la necesidad de una reforma urgente en la gestión de las relaciones laborales.
Por otra parte, un portavoz del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ha desestimado la movilización convocada por la Central Obrera Departamental (COD), sugiriendo que responde a una agenda política impulsada por sectores alineados con la actual administración nacional y dirigida contra la Gobernación.
El portavoz ha argumentado que la COD está vinculada al gobierno central, al que se atribuye la actual coyuntura económica desfavorable que atraviesa el país. Ha señalado que algunos dirigentes utilizan a las bases y argumentos de índole social para preservar privilegios y lanzar ataques políticos contra el gobierno departamental.
En relación con las demandas del sector salud, se ha explicado que la contratación de personal y la administración de los centros de primer y segundo nivel son competencias de los gobiernos municipales, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y otras normativas nacionales. El portavoz ha insistido en que el Gobierno Departamental no puede seguir asumiendo responsabilidades que no le corresponden.
Respecto al bono de vacunación, se ha indicado que su costo asciende a ocho millones de bolivianos, un monto con el que la Gobernación actualmente no cuenta. Se ha advertido que destinar esos fondos al bono implicaría recortar recursos de programas esenciales destinados a adultos mayores, niños y huérfanos. Además, se ha recordado que más del ochenta por ciento de los trabajadores que exigen este pago no son funcionarios del gobierno departamental, sino que dependen del Ministerio de Salud y, por lo tanto, deberían reclamar el beneficio a su empleador directo.
El portavoz ha hecho un llamado al sector salud para que priorice la atención a los pacientes, enfatizando que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y no puede paralizarse.
Finalmente, ha cuestionado la participación de la COD en las protestas, sugiriendo que, al ser parte de la administración central, deberían gestionar ante el Ministerio de Salud la asignación de recursos para cubrir las demandas sociales del sector, en lugar de promover movilizaciones con tintes políticos
