En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la independencia boliviana, el gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, ofreció una perspectiva sobre el panorama político, económico y social que atraviesa la nación. Subrayó que la reconstrucción del Estado será una tarea primordial para las próximas autoridades.
Montes Barzón señaló que Bolivia se encuentra en un momento crítico, particularmente en el ámbito económico. Atribuyó esta situación a una gestión deficiente de los recursos y a las decisiones implementadas desde el nivel central del Estado durante las últimas dos décadas. En este contexto, enfatizó que la próxima administración gubernamental asumirá la imperiosa responsabilidad de abordar las dificultades económicas y de restaurar la institucionalidad del país, la cual considera seriamente debilitada por las políticas adoptadas recientemente.
A pesar de los desafíos actuales, el gobernador destacó el considerable potencial de Bolivia en cuanto a sus vastas reservas naturales, las cuales podrían impulsar un desarrollo sostenido y mejorar significativamente el bienestar de sus ciudadanos, sentando las bases para una nación próspera.
El titular de la gobernación tarijeña identificó tres pilares fundamentales que el nuevo gobierno deberá abordar para estabilizar la situación financiera del país. El primero consiste en contener el déficit fiscal, lo que implica alinear el gasto público con los ingresos reales disponibles. El segundo desafío se centra en gestionar eficazmente el servicio de la deuda externa para asegurar la estabilidad cambiaria. Finalmente, el tercer punto crucial se relaciona con el sector hidrocarburífero, donde se vislumbra un escenario en el que la producción de gas natural podría no satisfacer la demanda interna, haciendo previsible la necesidad de importaciones en el futuro cercano.
En el ámbito regional, el gobernador indicó que una de las primeras acciones a coordinar con la nueva administración central será la revocación de responsabilidades de índole nacional que han sido transferidas a las administraciones departamentales autónomas. Esto incluye programas como el bono de vacunación, la asignación de ítems de salud, y el pago de prediarios, todas ellas competencias que considera inherentes al ámbito del gobierno central.
El máximo representante de Tarija expresó que, durante el último trienio, la colaboración con la administración central ha sido escasa, y las demandas regionales no han encontrado respuesta. Esta situación se ha agravado con la asignación de nuevas responsabilidades sin el correspondiente respaldo financiero, y una simultánea reducción de los ingresos, lo que ha precipitado una crisis económica a nivel departamental. Existe la expectativa de que las futuras autoridades demuestren mayor receptividad y capacidad de decisión frente a estas problemáticas
