En Tarija, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes persiste como una preocupación apremiante, según revelan datos recientes de una institución dedicada a la gestión social. Durante el mes de junio, 57 menores de edad fueron atendidos por diversas formas de agresión sexual.
El desglose de estos casos, registrados entre el primero y el treinta de junio, muestra una prevalencia alarmante de las tipologías más graves: 17 corresponden a violación, 34 a abuso sexual y seis a estupro. Esta distribución subraya que más del sesenta por ciento de las atenciones se refieren a las modalidades más severas de violencia. Aunque estas cifras se mantienen en niveles similares a los del año anterior, la situación es considerada inaceptable y exige una respuesta enérgica de la sociedad para intensificar las acciones preventivas.
La inquietud no se limita a la cantidad de incidentes, sino que también se extiende a la impunidad que a menudo rodea a los agresores. Se ha señalado que los procedimientos judiciales en torno a estos delitos se ven frecuentemente obstaculizados por demoras, lo que mina la moral de las víctimas y sus familias. Esta lentitud procesal a menudo conduce al abandono de las denuncias por parte de los afectados, permitiendo que los perpetradores eludan la justicia. Tal escenario, además de perpetuar la violencia, revictimiza a los menores, evidenciando una grave deficiencia en el sistema de protección.
Frente a este panorama, se ha exhortado a la comunidad a involucrarse de manera más proactiva en la salvaguarda de los menores. Se subrayó la importancia de iniciar la prevención en el ámbito familiar y educativo, dado que padres y educadores mantienen un contacto directo y constante con niños, niñas y adolescentes. Se hizo un llamado a prestar mayor atención a estas situaciones y a trabajar desde el hogar para evitar que ocurran.
La atención a 57 menores en un solo mes es un indicador contundente de la urgencia de abordar la violencia sexual en Tarija, lo que demanda la coordinación de las autoridades y el compromiso social para garantizar la protección de los más vulnerables.
Un centro especializado, dedicado a la prevención y atención terapéutica, representa un pilar fundamental de apoyo para las víctimas, brindando acompañamiento psicológico y asesoramiento legal. A través de terapias especializadas, el equipo de profesionales busca ayudar a los menores a superar el trauma y fortalecer su resiliencia. El seguimiento de los casos no solo incluye la parte legal, sino que también se enfoca en el bienestar emocional y físico de las víctimas, facilitando un entorno seguro para su recuperación y la reconstrucción de sus vidas, lejos del trauma vivido.
Asimismo, se ha instado a las entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía a unir fuerzas en la lucha contra esta problemática. La sinergia entre las fuerzas del orden, la fiscalía, los servicios de salud y las instituciones de protección infantil resulta indispensable para desmantelar el ciclo de impunidad. Se enfatizó que la protección de la niñez y adolescencia es una responsabilidad colectiva que atañe a toda la sociedad tarijeña, y que solo a través de la denuncia oportuna y un sistema de justicia eficiente se podrá asegurar el respeto de los derechos de los menores y evitar que los agresores queden impunes
