El Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, ha expresado su profunda preocupación por los recientes episodios de violencia que han tenido lugar en el marco de las protestas. En particular, hizo referencia a los disturbios ocurridos en las cercanías del Ministerio de Educación, donde se reportaron no solo daños a la infraestructura pública, sino también personas heridas durante las manifestaciones del magisterio.
Callizaya subrayó que aunque la protesta es un derecho fundamental en una sociedad democrática, es imperativo que esta no se desborde hacia actos vandálicos. “Los hechos registrados hoy son alarmantes y deben ser objeto de una investigación seria”, afirmó el defensor. Su mensaje resalta la necesidad de encontrar un equilibrio entre el ejercicio del derecho a la protesta y la preservación del orden público y la seguridad de todos los ciudadanos.
El defensor también hizo un llamado a los movilizados para que prioricen el diálogo como herramienta para resolver las diferencias y conflictos. “La protesta social es un derecho legítimo, pero toda acción violenta que ponga en riesgo la integridad de las personas debe ser evitada”, insistió Callizaya, enfatizando que las soluciones pacíficas son siempre preferibles frente a situaciones de conflicto.
La jornada anterior en La Paz estuvo marcada por actos violentos, donde grupos de manifestantes llevaron a cabo acciones destructivas que resultaron en considerable daño al patrimonio público y al ornato de la ciudad. Esta escalada de violencia ha generado inquietud entre las autoridades y sectores de la población, quienes claman por un retorno a la calma y el respeto mutuo en el ejercicio del derecho a la protesta. La situación actual plantea importantes interrogantes sobre cómo manejar las tensiones sociales sin comprometer la paz y la seguridad ciudadana.
