La Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz ha emitido una exhortación al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise una sentencia que beneficia a un particular en el complejo caso relacionado con la Mutualista. Este pronunciamiento se produjo un día después de la audiencia de acción popular sobre el tema, lo que ha generado un nuevo capítulo en la disputa legal por la propiedad del predio en cuestión.
Waminqa Serrano, abogado de la familia Crapuzzi, quien es el beneficiado por la sentencia anterior, afirmó que la decisión reciente no altera el fallo constitucional que ya se había dictado a su favor. Serrano subrayó que, si la Alcaldía desea adquirir el terreno, deberá compensar económicamente a su cliente. De lo contrario, tendrán que recurrir a instancias judiciales ordinarias donde la administración municipal deberá demostrar su derecho sobre la propiedad.
El abogado del municipio, Diego Coímbra, puntualizó que se ha concedido tutela respecto al derecho del espacio público, lo cual implica una responsabilidad adicional para el Gobierno Municipal. Según Coímbra, esta tutela se traduce en un reconocimiento del patrimonio municipal que debe ser protegido y respetado.
Serrano enfatizó que aunque se ha exhortado al municipio a salvaguardar el bien público en cuestión, este no cuenta con un título de propiedad válido. Por lo tanto, sostiene que la sentencia a favor de Crapuzzi permanece firme y vigente. Además, el abogado anunció que continuarán con sus acciones legales hasta obtener el plano del terreno disputado.
Por su parte, Coímbra mencionó que es imperativo que el Gobierno Municipal actúe dentro de sus competencias para preservar el espacio público. Esto incluye perfeccionar su derecho propietario y avanzar en la creación de una nueva legislación sobre dominio público. Como siguiente paso en este proceso legal, sugirió presentar una acción negatoria donde el propietario legítimo podría exigir a un juez la protección de su derecho sobre el predio.
Este caso resalta las tensiones entre las aspiraciones del municipio por mantener y proteger espacios públicos y los derechos de propiedad privada, lo cual sigue generando un debate significativo en Santa Cruz.
