El Órgano Judicial de Bolivia ha emitido un urgente llamado al gobierno nacional, instando a la implementación de medidas de seguridad para sus magistrados tras el trágico asesinato de Víctor Hugo Claure Hinojoza, Decano del Tribunal Agroambiental, ocurrido la semana pasada en Santa Cruz. Este violento suceso ha generado un clima de temor entre las autoridades judiciales, quienes consideran que su integridad y la de sus familias se encuentra en grave riesgo.
En una carta dirigida al presidente Rodrigo Paz Pereira, las máximas autoridades del Órgano Judicial exigieron la adopción inmediata de un sistema integral y permanente de protección para todos los miembros del poder judicial. En esta comunicación, se establece un plazo de 72 horas para que el gobierno responda a esta solicitud, resaltando la necesidad urgente de asegurar la seguridad no solo de los magistrados, sino también de sus núcleos familiares.
El documento enfatiza que las medidas de protección deben ser equiparables a las que actualmente se otorgan a los Ministros de Estado y otras altas autoridades del Ejecutivo. Entre las solicitudes específicas destacan la asignación de escoltas personales dedicados exclusivamente al Órgano Judicial, así como vehículos blindados y protocolos especiales para responder ante posibles amenazas o atentados.
El Órgano Judicial también solicitó que estas medidas se extiendan obligatoriamente a los familiares directos de las altas autoridades judiciales, con el fin de prevenir incidentes similares al asesinato reciente. Para garantizar la efectividad y continuidad de estas acciones en todo el país, se pide una coordinación inmediata con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y otros organismos especializados en seguridad estatal.
Además, el pedido incluye la emisión de una disposición formal por parte del Órgano Ejecutivo que reconozca el alto nivel de riesgo al que están expuestas las autoridades judiciales y que establezca mecanismos permanentes para su protección.
La decisión del Órgano Judicial para realizar esta exigencia surge tras una reunión en Sala Plena Ampliada del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. La gravedad del asesinato del magistrado Claure ha puesto en evidencia un estado alarmante de vulnerabilidad y desprotección en el que operan estas instituciones. Este contexto ha llevado a los miembros del poder judicial a buscar garantías concretas para poder ejercer sus funciones sin temor a represalias o ataques violentos.
