El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha dado un paso significativo hacia la industrialización y el fortalecimiento del sector agrícola del país al firmar un decreto reglamentario que establece que al menos el 50% del alcohol utilizado en combustibles deberá provenir de la caña de azúcar. Esta medida, que se enmarca dentro de las leyes N.° 7357/2024 y N.° 7391/2024, busca no solo blindar el mercado de los cañicultores, sino también fomentar un modelo económico que priorice la producción nacional y la reducción de importaciones.
La firma del decreto tuvo lugar en un acto que reunió a destacados funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; y otros representantes locales. Durante su intervención, el presidente Peña subrayó la importancia de esta reglamentación como una herramienta clave para el desarrollo productivo del sector azucarero. Reconoció el esfuerzo constante de los cañicultores paraguayos y reafirmó el compromiso del gobierno con la creación de empleo y el impulso a la producción nacional.
Peña también enfatizó que esta normativa no solo prioriza el uso del alcohol derivado de caña, sino que tiene un impacto positivo en la economía local al generar nuevas oportunidades para los agricultores. En este sentido, el presidente instó a los cañicultores a incrementar su producción para beneficiarse del nuevo marco regulatorio.
El ministro Riquelme describió la firma del decreto como un hito histórico para el sector cañero, señalando que representa una deuda saldada con los productores. Destacó que esta iniciativa define un modelo de país centrado en la industrialización y en la creación de valor a partir de las materias primas nacionales. Además, aseguró que garantiza un mercado sólido para los productores al establecer firmemente que el alcohol utilizado en combustibles debe ser en gran parte nacional.
Con la implementación de esta normativa, se establecen mecanismos claros para verificar el cumplimiento de la mezcla obligatoria de alcohol anhidro en combustibles. Esto incluye un sistema riguroso de control destinado a asegurar que se priorice el etanol producido localmente, lo cual busca consolidar una demanda sostenida y proporcionar mayor previsibilidad a los cañicultores.
El decreto también introduce disposiciones administrativas esenciales para aplicar adecuadamente las leyes mencionadas, incluyendo un régimen sancionador por incumplimientos. Además, se proponen herramientas destinadas a mejorar la transparencia en el sector y facilitar la planificación productiva mediante un calendario que organizará la oferta según volumen y tipo de materia prima.
En resumen, esta reglamentación no solo pretende impulsar la producción nacional de etanol derivado de caña de azúcar, sino también crear un círculo virtuoso en la economía rural paraguaya. Se proyecta así una mayor industrialización del sector azucarero, con beneficios directos para los agricultores locales y una disminución notable en la dependencia de insumos importados.
