La reciente imputación formal contra Edwin Rojas, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), y otros exejecutivos de la entidad ha desencadenado una serie de investigaciones que podrían extenderse a diversas figuras del ámbito económico nacional. La fiscalía, liderada por el fiscal Miguel Cardozo, ha comenzado a examinar la posible implicación del exministro de Economía, Marcelo Montenegro, en un caso que ha suscitado gran interés público debido al significativo daño económico que se estima ha causado la compra de bonos soberanos.
En declaraciones realizadas en el programa ON- Otra Noche con Sissi, Cardozo explicó que Montenegro será citado inicialmente como testigo. Esto se debe a su posición como líder del Ministerio de Economía, el cual supervisa todas las entidades relacionadas con las finanzas del Estado. El fiscal subrayó la importancia de determinar si Montenegro tenía conocimiento sobre las operaciones relacionadas con los bonos soberanos adquiridos en 2023.
La situación se tornó crítica cuando el miércoles pasado se anunció la aprehensión de Rojas y tres exejecutivos del BCB. Las acusaciones giran en torno a la manipulación de un reglamento interno que facilitó la compra de estos bonos, lo que resultó en pérdidas significativas para el Estado boliviano. Mientras que la fiscalía cuantifica el perjuicio en 124 millones de dólares, el Gobierno eleva esa cifra a 142 millones.
Además, Cardozo anticipó que también se citará a ejecutivos de las entidades financieras involucradas en las siete transacciones cuestionadas. La evaluación de la documentación proporcionada por estas instituciones determinará si es necesario ampliar la lista de personas bajo investigación.
Por otro lado, el viceministro de Transparencia, Yamil García, destacó que desde la apertura del caso han comenzado a recibir información adicional por parte de exejecutivos y personal del BCB. Este flujo de documentación sugiere que podrían surgir nuevas investigaciones relacionadas con malversación de fondos. García enfatizó que tales revelaciones son indicativas del interés y la preocupación entre los funcionarios actuales y anteriores sobre la integridad en la gestión pública.
El viceministro reafirmó el compromiso del Gobierno con una fiscalización rigurosa y anunció que continuarán llevando a cabo auditorías e investigaciones dentro del Banco Central para esclarecer cualquier irregularidad que pudiera existir. La situación está evolucionando rápidamente y podría tener repercusiones significativas para varios actores en el ámbito financiero boliviano.
