En un contexto de crisis económica que afecta a diversas regiones del país, la Brigada Parlamentaria de Tarija ha decidido presentar un ambicioso proyecto de ley que busca revertir la retención de recursos provenientes del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esta porción de los ingresos fiscales ha estado destinada, desde el año 2015, al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), pero el actual panorama económico ha llevado a los legisladores a replantear su utilidad.
El diputado Rodrigo Fuenzalida, quien se encuentra al frente de esta iniciativa, argumenta que la propuesta tiene como objetivo suspender la aplicación de la Ley 767 y devolver los recursos retenidos a gobernaciones, municipios y universidades públicas. Según Fuenzalida, estas entidades requieren con urgencia liquidez para poder sostener su funcionamiento diario y llevar a cabo proyectos fundamentales para el desarrollo local.
Durante una reciente declaración, el legislador tarijeño enfatizó que la norma, que lleva por título “Ley de suspensión a la aplicación de la Ley 767 y devolución de los recursos del fondo de promoción a la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”, busca corregir lo que él considera una política fallida. A su juicio, esta normativa ha despojado a las regiones de recursos vitales que podrían haberse invertido en áreas críticas como salud, educación y servicios básicos. “Se han retirado recursos que podían haberse invertido en salud, educación y servicios básicos, pero no han podido ser utilizados por las entidades territoriales”, expresó Fuenzalida.
La situación es aún más preocupante si se considera que desde la creación del FPIEEH durante la administración del expresidente Evo Morales, se estima que alrededor de 600 millones de dólares han sido retenidos con el propósito de incentivar la exploración hidrocarburífera. Sin embargo, el diputado sostiene que ni siquiera las inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en este sector han dado lugar a resultados significativos en cuanto al descubrimiento de nuevos yacimientos gasíferos. Esta falta de resultados pone en entredicho la efectividad del fondo y su capacidad para generar beneficios concretos para las regiones productoras.
En el caso específico del departamento de Tarija, Fuenzalida detalló que aproximadamente 68 millones de bolivianos deberían ser restituidos a la Gobernación, así como a los gobiernos municipales y a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Esta cifra resalta aún más la necesidad urgente que tienen estas instituciones para acceder a recursos que les permitan continuar operando adecuadamente.
Finalmente, el diputado no descartó abogar por la derogación completa de la Ley 767, argumentando que esta normativa no ha logrado generar beneficios tangibles ni para los departamentos productores ni para el país en su totalidad. La propuesta se presenta como una respuesta directa a las demandas sociales y económicas actuales, buscando así revitalizar las finanzas locales y fomentar un desarrollo más sostenible en medio de un entorno adverso.
