El Ministerio Público ha dado un paso significativo en la investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos de suministro de combustibles entre la estatal YPFB y la empresa Botrading, al presentar una imputación formal contra la abogada paraguaya Sandra Bethania Otazu Vera, considerada una figura clave en el caso. Esta acción legal también incluye a otros exfuncionarios y ejecutivos vinculados a YPFB y sus subsidiarias.
La imputación formal, identificada como N° 18/2026, detalla una serie de acusaciones contra Otazu Vera que abarcan delitos como el uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, la creación de sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia. En este contexto, los fiscales han solicitado su detención preventiva por un periodo de seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Esta medida busca asegurar que se realicen actos investigativos cruciales, que incluyen inspecciones técnicas en diversas entidades de YPFB y auditorías forenses destinadas a evaluar el daño económico que las irregularidades habrían causado al Estado boliviano.
Sandra Otazu Vera es una abogada con un sólido perfil profesional; es egresada de la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con especialización en propiedad intelectual. Su experiencia incluye asesoría a empresas extranjeras para establecer operaciones y estructuración corporativa en Paraguay. En el contexto del caso Botrading, se destaca su papel como representante legal de esta firma paraguaya dedicada a la intermediación en la comercialización de combustibles con YPFB. En este sentido, firmó una adenda contractual el 29 de febrero de 2024 que generó controversia debido a las posibles incompatibilidades y conflictos de intereses asociados.
Inicialmente, Otazu fue contratada para apoyar la constitución de Botrading con un salario mensual de 5.500 dólares. Sin embargo, su rol se expandió hasta convertirse en presidenta de la empresa tras aportar un capital inicial modesto y convertirse en accionista minoritaria. Esta evolución ha suscitado interrogantes sobre las prácticas comerciales dentro del marco legal establecido.
En paralelo a estas acciones judiciales, la Procuraduría General del Estado boliviano ha informado sobre la anotación preventiva de bienes pertenecientes a al menos 30 personas implicadas en el caso Botrading. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia destinada a recuperar recursos que se presume fueron malversados. Además, se han activado mecanismos internacionales para capturar al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien enfrenta cargos graves y ha sido declarado rebelde tras no comparecer ante las autoridades.
Las investigaciones se dividen en dos líneas: Botrading I y Botrading II. La primera indaga sobre la firma de al menos doce contratos para la compra de combustibles, mientras que la segunda examina un préstamo significativo otorgado a Botrading por 80 millones de dólares, del cual solo se habrían reembolsado 25 millones. Se ha establecido que Botrading operaba como intermediaria en el mercado del combustible, comprando a precios más bajos para luego revender a YPFB con un margen considerablemente superior. Las estimaciones sugieren que esta práctica podría haber ocasionado un perjuicio económico al Estado boliviano que asciende hasta 500 millones de dólares.
YPFB ha reportado también el descubrimiento de más de 20 millones de dólares en cuentas asociadas a Botrading en Paraguay, información que ha sido enviada a la Fiscalía para su evaluación. La red implicada ya incluye a numerosos funcionarios y ejecutivos relacionados con YPFB; entre ellos se menciona a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual presidente Luis Arce. Aunque no está formalmente imputado en este caso específico, enfrenta otros procesos judiciales relacionados con lavado de dinero.
La génesis del proceso judicial se remonta al informe aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de septiembre del año pasado, donde se detectaron indicios claros de irregularidades y se recomendó llevar adelante auditorías exhaustivas junto con remitir el caso a las instancias correspondientes para su debido tratamiento legal.
Con varias personas aún por declarar ante las autoridades y continuas auditorías técnicas para establecer responsabilidades claras y cuantificar los daños económicos ocasionados al Estado, el caso sigue evolucionando mientras las autoridades buscan justicia frente a estas serias acusaciones.
