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El diputado Carlos Alarcón, representante de la agrupación Unidad, ha expresado su opinión sobre la reciente imputación realizada por el Ministerio Público contra Sandra Otazú, quien se desempeñó como exgerente de Botrading. Alarcón considera que este movimiento judicial representa un progreso en una investigación que, a su juicio, ha avanzado con una notable lentitud. La investigación está avanzando muy lentamente… pero está avanzando, comentó el legislador, aludiendo a las presuntas irregularidades en la compra de combustibles que involucran a la mencionada empresa.

En sus declaraciones, Alarcón subrayó el papel crucial que habría desempeñado Otazú dentro de la estructura de Botrading. Afirmó que existen indicios suficientes para sostener que ella actuó como prestanombre en la constitución de la sociedad. Era un palo blanco, una prestanombre para poder constituir la sociedad, enfatizó, recordando que estos elementos ya habían sido presentados en investigaciones anteriores llevadas a cabo por la Asamblea Legislativa.

Uno de los principales desafíos en este caso, según el diputado, es la dificultad de lograr que Otazú comparezca ante la justicia boliviana. Esto se debe a su nacionalidad paraguaya y su actual residencia en Paraguay. Alarcón describió esta situación como un obstáculo significativo, señalando que traerla acá va a ser prácticamente un milagro… se va a tener que tramitar una extradición con resultados inciertos.

Además de Otazú, Alarcón identificó al menos tres actores clave en esta investigación que deberían rendir cuentas ante las autoridades judiciales: Dorgaten y Omar Alarcón Saavedra son los otros nombres mencionados por el legislador como parte del entramado investigado.

El impacto económico del caso Botrading sobre el Estado también fue motivo de preocupación para Alarcón, quien estimó que las irregularidades en la compra de combustibles han causado un daño significativo al erario público, cifrado en aproximadamente 900 millones de dólares. Han causado un gran daño económico, afirmó con firmeza.

Finalmente, el diputado concluyó señalando que la imputación formal contra Otazú es un paso importante hacia la justicia; sin embargo, insistió en que es fundamental acelerar el proceso para esclarecer las responsabilidades involucradas y garantizar que se haga justicia en este caso tan complejo.

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