El Ministerio de Igualdad de España ha clasificado como un crimen machista el asesinato de una mujer boliviana de 64 años, ocurrido este lunes en Córdoba. Tulia Ester fue apuñalada con un machete, presuntamente por su expareja, un hombre español de 65 años. Este trágico suceso se produce en un contexto alarmante, ya que la víctima había denunciado recientemente a su agresor por violencia de género, lo que añade una dimensión preocupante a este caso.
La fatal agresión tuvo lugar en la vivienda de Tulia Ester, justo en el día en que ambos estaban convocados a una cita judicial. La situación se torna aún más grave al considerar que, desde el año 2003, cuando se comenzaron a recopilar estadísticas sobre violencia de género en España, el número de mujeres asesinadas ha ascendido a 1.359. Solo en lo que va del año 2026, ya son 16 las víctimas contabilizadas.
El presunto agresor contaba con antecedentes registrados en VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral para casos de Violencia de Género en España. En abril pasado, fue detenido tras un incidente violento en el que entró en la casa de Tulia armado con un martillo. Durante ese episodio, destrozó el equipo de música y amenazó a la mujer mientras la agredía físicamente. A pesar de la gravedad de estos hechos, el hombre fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han emitido un comunicado condenando enérgicamente este nuevo feminicidio y expresando su absoluto rechazo ante esta manifestación extrema de violencia machista. Ambas autoridades han extendido su apoyo a los familiares y amigos de Tulia Ester y han instado a las instituciones y a toda la sociedad a redoblar esfuerzos para prevenir más muertes relacionadas con este tipo de violencia.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad urgente de abordar y erradicar la violencia de género en todas sus formas, así como la importancia del seguimiento efectivo y protección para las víctimas que han denunciado situaciones peligrosas.
