César Dockweiler, el alcalde electo de La Paz, ha dado un paso significativo al solicitar a la Contraloría General del Estado que se active el arraigo contra el actual alcalde, Iván Arias, así como contra varios funcionarios de su administración. Entre los afectados por esta solicitud se encuentran los directores y gerentes de las empresas municipales, los secretarios y la directora jurídica del municipio. Esta acción refleja la intención de Dockweiler de abordar lo que considera irregularidades en la gestión saliente.
En su declaración, Dockweiler no solo exigió medidas preventivas contra los funcionarios mencionados, sino que también solicitó a la Procuraduría General del Estado llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos firmados por la Alcaldía durante la gestión de Arias. Este proceso incluiría una evaluación de la participación de instituciones internacionales en las auditorías pertinentes, lo que podría aportar un nivel adicional de transparencia a las investigaciones.
El tono desafiante de Dockweiler dejó claro que está decidido a llevar a cabo una administración que se distinga por su transparencia y rendición de cuentas. Al referirse a Arias, Dockweiler aseguró que desde el momento en que asuma oficialmente el cargo, el actual burgomaestre “va a tener un dolor de cabeza”, insinuando que su gestión enfrentará un escrutinio riguroso.
Dockweiler subrayó que su intención no es perseguir políticamente a nadie, sino más bien “restituir el daño que le han hecho a la ciudad de La Paz”. Esta declaración busca enmarcar sus acciones dentro de un contexto más amplio de responsabilidad y justicia, en vez de una simple confrontación política. Además, reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción, afirmando que iniciará todas las auditorías necesarias y que cualquier hallazgo relacionado con actos corruptos será denunciado ante el Ministerio Público. De esta manera, Dockweiler establece un claro mensaje sobre su enfoque en una gestión municipal basada en principios éticos y legales.
