La gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en los últimos cinco meses ha sido objeto de críticas por su baja productividad y la percepción de que muchos de sus miembros son más un adorno que un activo funcional para el Estado. Analistas políticos han señalado que la aprobación de proyectos de ley ha sido escasa, limitándose mayormente a iniciativas relacionadas con créditos, mientras que las propuestas significativas y de interés general para la población han quedado en gran medida sin ser abordadas.
La politóloga Belén Vanegas ha expresado su preocupación por la eficiencia de los actuales asambleístas, argumentando que su enfoque parece estar más centrado en aparecer en medios de comunicación que en realizar un trabajo legislativo efectivo. Según Vanegas, los proyectos que se encuentran disponibles en la página web de la Cámara de Diputados no aportan un beneficio real a la ciudadanía, lo que refuerza la desconfianza hacia el trabajo del Congreso.
Un punto crítico mencionado por Vanegas es la falta de restitución del rol de interpelación por parte de los parlamentarios, a pesar de contar con una mayoría suficiente para hacerlo. La abrogación del Decreto 5503 había suscitado temores sobre una reducción aún mayor de sus atribuciones, pero hasta el momento no se ha visto una reacción significativa en defensa de sus funciones. Esto ha llevado a una percepción generalizada de ineficacia y ha alimentado las voces que piden una reducción drástica en los salarios de los legisladores.
Por su parte, el abogado y analista Mateo Mendoza ha identificado dos factores clave que contribuyen a esta ineficiencia: la inexperiencia de muchos nuevos legisladores y la fragmentación política dentro del Parlamento. Según Mendoza, muchos parlamentarios aún están en proceso de familiarizarse con sus responsabilidades, lo cual se traduce en un gasto significativo para el Estado, estimado en más de 20.000 bolivianos mensuales por cada diputado y senador. Este costo se vuelve aún más cuestionable cuando se observa que muchos legisladores parecen desempeñar un papel pasivo.
Mendoza también ha señalado que la división entre las distintas bancadas dificulta la aprobación efectiva de los proyectos enviados desde el Ejecutivo. Esta fragmentación puede prolongar el tiempo necesario para que los parlamentarios se adapten a sus roles y comiencen a trabajar con mayor eficacia. De hecho, ha pronosticado que podría pasar al menos un año antes de que logren establecerse plenamente en sus funciones.
Conforme avanza el ciclo legislativo, existe preocupación sobre cómo algunos parlamentarios podrían optar por ausentarse durante gran parte del año y luego intentar recuperar protagonismo mediático hacia el final del periodo, buscando asegurar su reelección con cualquier partido político disponible. Esta dinámica pone en entredicho no solo su compromiso con el servicio público sino también la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país.
