La reciente difusión de rumores en redes sociales sobre una supuesta orden de aprehensión contra Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ha generado preocupación en el ámbito municipal. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal se ha desmentido esta información y se ha confirmado la reincorporación de varios funcionarios que habían sido objeto de un proceso laboral.
Bernardo Montenegro, vocero del municipio, fue el encargado de aclarar la situación. En declaraciones a los medios, enfatizó que las autoridades municipales han seguido todos los pasos legales necesarios antes de tomar decisiones sobre la reincorporación de los trabajadores. Ante rumores que han estado recorriendo en redes y medios sobre una supuesta orden de aprehensión por un proceso laboral, comunicar que esta institución pública debe agotar todas las instancias legales para no caer en daño económico. Se han agotado las mismas y se ha procedido a la reincorporación de estos funcionarios, señaló Montenegro.
Además, el vocero anunció que el municipio cumplirá con el pago correspondiente a las reclamaciones presentadas por los empleados que iniciaron el proceso. Con esto queda concluido este proceso laboral, añadió, asegurando así el cierre del conflicto.
A pesar de esta resolución, Montenegro expresó su desacuerdo con el reclamo de reincorporación, argumentando que los funcionarios no cumplían con ciertos requisitos constitucionales necesarios para su permanencia. Son 33 funcionarios (reincorporados), precisó, aunque no pudo proporcionar detalles sobre el monto total que será desembolsado como parte del acuerdo.
Este episodio ha puesto en evidencia las tensiones laborales dentro del gobierno municipal y la importancia de la comunicación efectiva para evitar malentendidos que puedan afectar tanto a la administración pública como a los derechos laborales. La situación también refleja un contexto más amplio sobre las dinámicas laborales y legales en Bolivia, donde los procesos administrativos son frecuentemente objeto de debate público.
