La reciente decisión de Nueva Generación Patriótica (NGP) de retirarse del balotaje por la Gobernación de La Paz ha desencadenado una crisis política que va más allá de la mera exclusión de su candidato, René Yahuasi. Esta situación ha puesto en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral y ha revelado las limitaciones de la normativa que rige el sistema electoral en Bolivia.
Desde su fundación hace poco más de un año, NGP se había presentado como una opción política emergente, pero ahora se enfrenta a un creciente cuestionamiento sobre su estructura y su capacidad para representar a los votantes. La organización, liderada por el empresario cochabambino Édgar Uriona —actualmente fuera del país—, ha sido señalada como un taxipartido, término que describe a aquellos partidos que carecen de una base sólida y una militancia comprometida.
La crisis se intensificó cuando la dirección del partido optó por declinar su participación en la segunda vuelta electoral, a pesar de que Yahuasi había expresado su deseo de seguir compitiendo. Esta decisión fue tomada en un nivel jerárquico superior y ha suscitado un debate fundamental sobre quién debe tener la autoridad para definir una candidatura: ¿la estructura del partido o el candidato respaldado por el voto popular?
El conflicto se agravó aún más con la aceptación de esta declinatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En un departamento con casi dos millones de electores, esta resolución no solo dejó un vacío en la contienda electoral sino que también planteó serias dudas sobre su legalidad y las implicaciones para la voluntad expresada por los votantes.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga no tardó en calificar este hecho como “un golpe a la democracia”, exigiendo que se revirtiera la decisión. Quiroga argumentó que esta salida afecta no solo a la competencia electoral, sino que también siembra dudas sobre la legitimidad del candidato que eventualmente resulte ganador, Luis Revilla.
La historia reciente de NGP refuerza estas preocupaciones. Durante las elecciones nacionales programadas para 2025, el partido intentó postular a Jaime Dunn, un experto en análisis financiero cuya candidatura fue descalificada por falta de documentación adecuada. Dunn, tras estos eventos polémicos, llegó a describir al sistema político como “una cloaca”, denunciando prácticas que distorsionan el juego democrático.
En medio de esta controversia, el vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, resaltó un vacío normativo en la Ley 026 de Régimen Electoral. Según Goitia, aunque la ley establece que debe imponerse una sanción en situaciones como esta, no especifica cuáles serían esas sanciones. Esta ambigüedad ha limitado las acciones posibles ante lo sucedido y ha alimentado las demandas para anular la personería jurídica del partido.
A pesar de sus problemas internos, NGP logró formar alianzas con candidatos oficialistas en otros departamentos durante los balotajes; apoyaron a Adrián Esteban Oliva en Tarija y a Jesús Egüez en Beni. Sin embargo, desde el Ejecutivo, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, tomó distancia del asunto al señalar que se trata de un conflicto interno que debe ser resuelto por el órgano electoral sin intervención gubernamental.
Con movilizaciones programadas para iniciar este lunes por parte de varios sectores sociales en respuesta a esta situación tensa y cargada de incertidumbre política, el futuro inmediato tanto para NGP como para el proceso electoral boliviano parece estar marcado por una creciente fragmentación y desconfianza hacia las instituciones políticas. Analistas advierten que este ciclo electoral ha evidenciado más el poder personal de caudillos y líderes locales frente a las organizaciones políticas tradicionales debilitadas.
