El juez agroambiental de Entre Ríos se encuentra en la obligación de emitir una resolución que determine su falta de competencia respecto a un tema que ha sido trasladado al Tribunal Agroambiental. Esta información fue proporcionada por el abogado Roger Ibarra Coronado, quien representa a los comunarios que están involucrados en un juicio programado para el próximo mes de mayo. Este proceso judicial se origina a raíz de denuncias sobre supuestos delitos cometidos por la empresa petrolera Petrobras.
El contexto legal se complica aún más tras una reciente decisión del Tribunal Agroambiental en Sucre, que ha dictado una compulsa a favor de la Procuraduría General del Estado. Este fallo permite el reingreso de actividades petroleras en la zona de Domo Oso X-3, ubicada dentro de la Reserva de Tariquía, un área protegida que ha sido objeto de controversia debido a los intereses económicos en juego.
Ibarra explicó que, una vez el juez agroambiental reciba la notificación sobre la resolución del Tribunal Agroambiental, deberá declarar explícitamente su falta de competencia para abordar el tema del ingreso petrolero en dicha región. Esto tendría un efecto directo sobre la pausa ambiental que había sido establecida anteriormente mediante un recurso legal presentado por la Defensoría del Pueblo, en respuesta al conflicto que ha resurgido en el área. La situación es tensa, ya que la petrolera busca continuar sus operaciones a pesar de la oposición manifiesta por parte de los comunarios locales.
La suspensión de esta pausa ambiental significaría que Petrobras podría retomar sus actividades sin restricciones inmediatas. En caso de que se interponga algún recurso legal posterior, será el Tribunal Agroambiental quien asuma la responsabilidad de resolver el asunto.
La Procuraduría argumenta que el Estado boliviano tiene compromisos formales con empresas internacionales, derivados de un contrato firmado durante el gobierno de Evo Morales en 2018. Este compromiso, según indican las autoridades, es crucial para evitar pérdidas económicas significativas por posible incumplimiento. Así, se plantea un dilema entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
