El gobierno de José Antonio Kast, quien asumió la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, ha decidido poner un freno a la regularización de 182.000 migrantes que había sido impulsada por la administración anterior liderada por Gabriel Boric. Este cambio de rumbo se enmarca dentro de una política más estricta hacia la migración irregular, que ha sido uno de los pilares del programa electoral de Kast.
Bajo el mandato de Boric, se había preparado un decreto para regularizar a aquellos migrantes que habían participado en un proceso de empadronamiento, diseñado para identificar a las personas que ingresaron al país por vías no autorizadas. Sin embargo, el actual director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha declarado que no se llevará a cabo esta regularización masiva. En sus declaraciones, Sauerbaum argumentó que “afortunadamente” el decreto no se implementó porque se ha evidenciado que al menos 6.000 de las personas involucradas ya habían cometido delitos.
La administración Kast ha manifestado su intención de expulsar a alrededor de 337.000 migrantes irregulares, muchos de ellos provenientes de Venezuela. Esta postura genera preocupación entre los migrantes que residen en Chile. Freymar Márquez, una ama de casa venezolana, expresó su inquietud ante la negativa del gobierno a regularizar a quienes ya habían sido empadronados y se cuestionó qué pasaría con aquellos que no estaban registrados.
El presidente Kast ha vinculado el aumento en la delincuencia con la llegada masiva de indocumentados al país en los últimos años. A pesar del incremento en ciertos delitos como asesinatos y secuestros —que han sido atribuidos en parte a bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua—, Chile continúa siendo uno de los países más seguros en América Latina, con una tasa de homicidios relativamente baja.
Desde su llegada al poder, Kast ha hecho del control migratorio y la lucha contra el crimen organizado sus principales prioridades. A tan solo cinco días de asumir su cargo, visitó la región fronteriza de Arica para supervisar la construcción de barreras destinadas a frenar el ingreso irregular desde Perú y anunció un plazo para finalizar estas obras.
Además, el gobierno planea aumentar la presencia militar en las fronteras y mejorar las tecnologías utilizadas para supervisar las entradas al país mediante drones y otros equipos especializados. En este contexto, Kast también presentó dos proyectos legislativos al Congreso: uno enfocado en sancionar a quienes faciliten el ingreso ilegal y otro que tipificaría como delito el acceso irregular al territorio chileno.
Pese a la firmeza de su política migratoria, Kast ha descartado llevar a cabo redadas masivas. En una reciente entrevista, subrayó que no busca realizar persecuciones indiscriminadas, aunque dejó claro que todos los migrantes deben eventualmente interactuar con el Estado chileno. Esta declaración refleja una estrategia enfocada más en medidas preventivas y sancionadoras que en acciones represivas directas contra los indocumentados.
