Héctor Montes, director de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), proporcionó detalles sobre el futuro de los bienes incautados en el marco de las investigaciones vinculadas al caso de Sebastián Marset. Tras su captura el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, las autoridades han tomado medidas para asegurar una serie de activos que ahora se encuentran bajo custodia.
Montes aclaró que los bienes depreciables, como vehículos y otros activos tangibles que pierden valor con el tiempo, pueden ser monetizados. Sin embargo, aquellos inmuebles que tienden a aumentar su valor con el paso del tiempo, como casas y quintas, deberán esperar una resolución final por parte de un juez antes de ser objeto de cualquier acción monetaria. Esta aclaración es crucial para entender el proceso legal que rodea a estos activos.
Actualmente, Dircabi tiene bajo su custodia una considerable cantidad de bienes: nueve inmuebles, ocho aeronaves operables, cinco fuselajes y 14 vehículos. La seguridad de estos activos ha sido una prioridad para las autoridades; por ello, se han resguardado en hangares pertenecientes a las Fuerzas Armadas o bajo la vigilancia de la Policía Boliviana. Montes subrayó que la decisión sobre cómo se manejarán estos bienes incautados dependerá del resultado de las acciones fiscales o judiciales pertinentes.
La situación en torno al caso Marset ha llevado a un aumento en la evaluación y posible reestructuración del personal policial encargado de combatir el narcotráfico. En este contexto, la Policía ha decidido realizar cambios en sus agentes antidrogas justo dos semanas después de la captura del sospechoso.
Además, en el panorama judicial también se presentan otros casos relevantes; por ejemplo, Laura Rojas está buscando su liberación tras haber pasado dos meses bajo detención preventiva. Estas dinámicas reflejan un sistema judicial activo y en constante movimiento ante situaciones complejas relacionadas con el crimen organizado y sus implicaciones legales.
