El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha puesto de relieve las deficiencias en la gestión del exministro Édgar Montaño, señalando que su administración alcanzó solo un 45,21% de ejecución presupuestaria desde el 1 de enero hasta el 7 de noviembre de 2025. Durante una reciente rendición pública de cuentas, Zamora criticó la falta de seriedad y responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a obras públicas en Bolivia, afirmando que se ejecutaron Bs 449.358.221 sin atender adecuadamente las necesidades básicas de la población.
Zamora expresó su preocupación por lo que considera un despilfarro de recursos durante la gestión de Montaño. A su juicio, esta situación refleja una ineficacia que no solo afecta a los proyectos en curso, sino también a la confianza del pueblo boliviano en las instituciones responsables del desarrollo infraestructural del país. En contraposición a esta realidad, el actual ministro destacó que desde el 8 de noviembre hasta el final del año 2025 se logró una ejecución presupuestaria más efectiva, alcanzando Bs 52.806.635, lo que representa un 5,31% del presupuesto vigente.
El nuevo enfoque del Ministerio, según Zamora, se basa en un compromiso claro hacia la modernización y mejora de la infraestructura nacional. Desde su asunción al cargo el 9 de noviembre, ha enfatizado la importancia de construir una Bolivia más moderna e interconectada, lo que implica una gestión más ordenada y eficiente de los recursos públicos.
Por otro lado, es relevante mencionar que Édgar Montaño, quien ocupó el cargo en el gobierno anterior liderado por Luis Arce, enfrenta serias acusaciones por presunta corrupción relacionada con la construcción de la doble vía El Sillar en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Desde enero pasado, Montaño se encuentra encarcelado mientras las investigaciones continúan.
La comparación entre ambas gestiones pone en evidencia no solo los desafíos previos en términos administrativos y financieros sino también un cambio significativo hacia una administración pública que busca restaurar la confianza ciudadana a través de prácticas más transparentes y responsables.
