El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, ha dado un paso significativo al confirmar que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES) ha aprobado la abrogación del Decreto Supremo 5547. Esta decisión responde a una de las principales demandas planteadas por los productores de soya y arroz, quienes expresaron su preocupación respecto a la normativa vigente.

La anulación del decreto es un reflejo del compromiso que las autoridades han asumido en las mesas de diálogo sostenidas en las recientes jornadas. Este gesto no solo busca aliviar la inquietud existente en el sector agropecuario, sino que también reafirma la voluntad política del Gobierno para escuchar y atender las necesidades de los productores. La medida representa un avance en la relación entre el Estado y los sectores productivos, promoviendo un ambiente más colaborativo.

Sin embargo, el Ministerio ha aclarado que la eliminación de esta normativa no se llevará a cabo de manera inmediata. Tras la aprobación por parte del CONAPES, el proceso de abrogación deberá seguir una serie de pasos administrativos técnicos antes de ser publicada oficialmente en la Gaceta Oficial. Este procedimiento es crucial para garantizar la seguridad jurídica tanto para el Estado como para los propios productores, y se enfatiza que no se trata de una demora deliberada, sino del cumplimiento riguroso de los plazos establecidos por la administración pública.

Además, desde el Ministerio se ha reiterado su disposición al diálogo, al tiempo que se ha expresado un firme rechazo a cualquier tipo de amenaza relacionada con bloqueos de carreteras o tomas de pozos petroleros. Las autoridades consideran que estas acciones son innecesarias, dado que ya se está trabajando en resolver la principal demanda mediante los canales administrativos y jurídicos adecuados.

El Gobierno también ha advertido que la continuidad de actitudes confrontativas podría estar motivada por intereses políticos ajenos a los del sector productivo. Esta situación podría generar inestabilidad y obstaculizar el avance hacia soluciones técnicas que beneficien a la economía nacional. En este contexto, se hace un llamado a priorizar el diálogo constructivo y a evitar medidas que puedan perjudicar el desarrollo agrícola y económico del país.