La Gobernación de Tarija ha declarado oficialmente el estado de desastre departamental mediante el Decreto Departamental 011/2026, una medida adoptada en respuesta a los graves daños ocasionados por las intensas lluvias, riadas e inundaciones que afectaron la región desde octubre de 2025 hasta mediados de marzo de este año. Esta decisión refleja la magnitud de los impactos climáticos adversos que han golpeado la zona y busca articular una respuesta coordinada y efectiva para atender la emergencia.
El decreto abarca a cinco municipios particularmente afectados: Yunchará, Uriondo, Bermejo, Entre Ríos y El Puente. Estas localidades han sufrido consecuencias severas derivadas del desborde de ríos, así como derrumbes y daños significativos en su infraestructura vial, habitacional y en servicios básicos esenciales. Además, los efectos negativos se han extendido a sectores productivos clave como la agricultura y la ganadería, perjudicando a numerosas comunidades que dependen directamente de estas actividades para su sustento.
Efraín Rivera, director de Desarrollo Económico y Productivo de la Gobernación, detalló que el impacto se evidenció en múltiples frentes: caminos destruidos o bloqueados por deslizamientos, viviendas dañadas o inhabitables por inundaciones, y sistemas básicos como agua potable y electricidad interrumpidos en varias zonas. Estos daños no solo afectan la calidad de vida inmediata de las familias sino que también comprometen la capacidad productiva y económica de toda la región.
Uno de los puntos críticos ha sido el municipio de Yunchará, donde el río San Juan del Oro desbordó causando severos daños en tramos carreteros estratégicos que conectan con comunidades rurales como Tojo. La respuesta local incluyó una estrecha coordinación con la subgobernación para llevar adelante trabajos urgentes de limpieza y habilitación vial. Gracias a estos esfuerzos se ha logrado recuperar aproximadamente el 90% de las vías afectadas, facilitando nuevamente el tránsito y el acceso a servicios fundamentales.
En Entre Ríos, la situación fue especialmente grave en la comunidad de Chiquiacá debido a un aluvión que dañó no solo viviendas sino también infraestructuras vitales para el suministro de agua potable. Los caminos entre Naranjos y esta comunidad quedaron intransitables hasta que se desplegó maquinaria pesada —incluyendo orugas, retroexcavadoras y volquetas— para restablecer las rutas indispensables para el transporte local.
El informe técnico oficial elaborado por la Gobernación revela que un total cercano a 86 comunidades junto con 29 barrios urbanos resultaron afectados por esta emergencia climática. En cifras concretas, alrededor de 4.539 familias han sido damnificadas directa o indirectamente por estos fenómenos naturales. Los daños económicos preliminares superan los 30 millones de bolivianos, cifra que da cuenta del impacto considerable sobre cultivos agrícolas dañados o perdidos, ganado afectado y destrucción en infraestructura doméstica y comunitaria.
Ante esta situación crítica, la declaratoria de desastre tiene un papel fundamental porque habilita mecanismos para gestionar apoyo financiero y técnico del Gobierno nacional. El Viceministerio de Defensa Civil ya se encuentra involucrado en evaluaciones detalladas mediante informes EDAN (Evaluación del Daño y Análisis de Necesidades), lo cual permitirá definir con precisión las compensaciones económicas necesarias así como las ayudas humanitarias para las familias afectadas.
Las acciones inmediatas priorizadas incluyen no solo la rehabilitación rápida del acceso vial y servicios básicos sino también medidas orientadas a reactivar la producción agrícola mediante entrega planificada de semillas certificadas, fertilizantes y asistencia técnica para recuperar cultivos. Paralelamente se trabaja en proyectos para restaurar infraestructuras dañadas con miras a normalizar cuanto antes las condiciones de vida en las comunidades perjudicadas.
Mientras continúan los procesos administrativos vinculados con la gestión del apoyo estatal centralizado, la Gobernación mantiene un enfoque activo en atender emergencias puntuales sobre el terreno. La coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales es clave para garantizar una respuesta integral que minimice los efectos adversos sobre la población tarijeña afectada por este fenómeno climático prolongado e intenso.
Este escenario evidencia no solo los desafíos recurrentes derivados del cambio climático sino también la importancia vital del fortalecimiento institucional para enfrentar emergencias naturales con eficiencia. La declaratoria departamental es un paso decisivo hacia la recuperación económica-social regional frente a un contexto adverso que demanda solidaridad y trabajo conjunto entre todos los niveles del Estado
