Bolivia, reconocido como el tercer mayor productor mundial de hoja de coca, ha hecho un llamado contundente a la comunidad internacional para intensificar la cooperación en la lucha contra la financiación del narcotráfico. Esta solicitud fue formulada durante la sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se celebra en Viena, donde el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, expuso una visión integral y actualizada sobre los desafíos que plantea este fenómeno ilícito.
El ministro Oviedo enfatizó que el narcotráfico no opera en aislamiento, sino que está intrínsecamente vinculado a diversas actividades delictivas conexas. Entre ellas destacó el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando. Esta articulación multiplica las complejidades para desmantelar las redes criminales y exige un enfoque que vaya más allá de la simple interdicción del transporte o distribución de drogas. De este modo, Bolivia sostiene que atacar las finanzas del narcotráfico es tan crucial como interceptar cargamentos ilegales.
Reconociendo esta realidad compleja, Bolivia promueve una mayor coordinación con mecanismos regionales y agencias internacionales especializadas para llevar a cabo investigaciones conjuntas y operaciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional. Este esfuerzo refleja una estrategia integral orientada a fortalecer la cooperación multilateral y aprovechar sinergias entre países afectados por estas redes ilícitas.
En paralelo a este enfoque colaborativo, el gobierno boliviano está impulsando un desarrollo significativo en sus capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia. Estas mejoras buscan enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas y adaptativas, capaces de modificar sus métodos para evadir controles estatales. La modernización de estas herramientas es clave para mantener la efectividad en la lucha contra estas organizaciones.
Además del combate directo al narcotráfico, Bolivia enfatiza políticas preventivas y terapéuticas desde un enfoque centrado en salud pública. Se da prioridad a la atención de poblaciones vulnerables como jóvenes y mujeres, grupos particularmente expuestos a los efectos nocivos del consumo y tráfico de drogas. En este sentido, se avanza en la actualización del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas con estrategias que buscan disminuir el impacto social y sanitario del problema.
Un aspecto relevante en la coyuntura boliviana es el reciente retorno a las campañas de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca tras casi un año sin realizarlas. Esta reanudación ocurre bajo administraciones presidenciales renovadas y en medio de presiones internacionales para controlar el aumento significativo en las áreas cultivadas. Según datos oficiales proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), las tierras destinadas al cultivo alcanzaron en 2024 unas 40.000 hectáreas, cifra que duplica el límite autorizado establecido en 2017 durante el mandato anterior.
Este incremento plantea desafíos importantes sobre cómo equilibrar las tradiciones culturales ancestrales ligadas al uso tradicional de coca con las necesidades internacionales para limitar su producción destinada al narcotráfico. Por ello, Bolivia aboga por políticas basadas en evidencia científica actualizada que respeten esta diversidad cultural mientras se avanza hacia soluciones efectivas contra los usos ilícitos.
Finalmente, Oviedo resaltó que uno de los retos más urgentes hoy es frenar la expansión globalizada del mercado de drogas sintéticas. La producción creciente y proliferación internacional tanto de estas sustancias como de precursores químicos asociados constituye una amenaza creciente que requiere respuestas coordinadas a nivel mundial. En este marco, Bolivia reafirma su compromiso con una actuación responsable y firme pero también abierta al diálogo multilateral.
El gobierno boliviano apuesta por un enfoque equilibrado que combine aspectos fundamentales como seguridad ciudadana, salud pública, desarrollo sostenible y cooperación internacional. Este planteamiento integral busca no solo combatir eficazmente al narcotráfico sino también promover condiciones sociales que reduzcan su impacto perjudicial sobre comunidades enteras. Así se proyecta Bolivia ante los organismos internacionales: como un actor comprometido con soluciones complejas para problemas complejos dentro del escenario mundial actual
