Entre el primero de enero y el cinco de marzo de 2026, Bolivia ha registrado un total de 19 feminicidios, una cifra alarmante que refleja la persistencia y gravedad de la violencia de género en el país. Esta estadística, difundida por el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), revela que, en promedio, se cometen tres feminicidios cada diez días, un dato que subraya la urgencia con la que deben abordarse las políticas públicas y las acciones sociales para combatir esta problemática.
El contexto en el que se produce esta cifra es especialmente doloroso al coincidir con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La pérdida violenta y no natural de madres, hijas, compañeras de estudio o vecinas representa un golpe profundo para las comunidades y familias afectadas, recordando la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres dentro de espacios que deberían ser seguros. Este dato obliga a reflexionar sobre las condiciones sociales y culturales que perpetúan estas agresiones, así como sobre la respuesta institucional frente a ellas.
El análisis territorial del reporte muestra que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios, con nueve casos durante los poco más de dos meses analizados. Le siguen Oruro con tres casos; Cochabamba y Santa Cruz con dos cada uno; mientras que Tarija, Beni y Potosí reportaron un caso en cada uno. Pando y Chuquisaca no registraron feminicidios en este período, lo cual podría indicar diferencias regionales en cuanto a incidencia o a mecanismos de reporte. La concentración más alta en La Paz destaca la necesidad de enfocar esfuerzos preventivos y judiciales en esta región.
Una dimensión fundamental del informe es el perfil del agresor: casi el 79% de las víctimas conocía a su victimario. En particular, casi la mitad (47,38%) fueron asesinadas por esposos, parejas o exparejas; mientras que el 52,63% restante fue perpetrado por novios, enamorados o personas cercanas al entorno íntimo. Estos datos evidencian que los feminicidios suelen ocurrir dentro del círculo cercano a las mujeres afectadas, lo cual plantea retos específicos para la prevención y protección, dado que muchas veces estas relaciones implican vínculos afectivos o familiares complejos.
Las consecuencias trágicas se extienden más allá de las víctimas directas: dieciocho niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos tras estos crímenes. Esta realidad pone en evidencia cómo la violencia machista no solo destruye vidas individuales sino también afecta profundamente a estructuras familiares completas, generando impactos sociales duraderos que requieren atención integral desde instancias sociales y estatales.
En cuanto al perfil demográfico de las víctimas, la edad promedio es de 35 años; sin embargo, se observa una mayor incidencia entre mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, quienes representan un tercio exacto (33,33%) del total. Este dato sugiere que las mujeres jóvenes constituyen un grupo especialmente vulnerable frente a este tipo de violencia extrema.
El escenario donde ocurren estos feminicidios también aporta información relevante para entender sus dinámicas: cerca del 58% ocurrieron dentro del hogar o vivienda habitual; un 31% tuvo lugar en espacios públicos; y el resto ocurrió en centros médicos o alojamientos transitorios como hoteles. Esto confirma cómo el ámbito doméstico sigue siendo uno de los principales escenarios donde se ejerce violencia letal contra las mujeres.
Respecto a los métodos empleados para cometer estos crímenes violentos, predominó el uso directo de fuerza física (73,68%), seguido por armas blancas (21%) y armas de fuego (5%). Esta distribución refleja patrones específicos en las formas violentas utilizadas contra mujeres en Bolivia durante este periodo.
Las cifras oficiales provienen directamente del trabajo conjunto entre Sepmud y la Fiscalía General del Estado. Con base en estos datos se ha calculado una tasa nacional equivalente a 0,45 víctimas por cada 100 mil mujeres para los dos primeros meses del año. Si bien esta tasa puede parecer baja comparada con otros indicadores internacionales o históricos locales previos, su significado real radica en el impacto individual y social devastador detrás de cada caso registrado.
Por otro lado, el fiscal general Róger Mariaca ha señalado particularidades regionales adicionales: mientras La Paz lidera en número absoluto de feminicidios reportados durante este periodo corto pero intenso; Cochabamba presenta una mayor incidencia relativa en casos denominados infanticidios —muertes violentas contra niños dentro del hogar— contabilizando once casos. Esta distinción pone sobre la mesa diferentes manifestaciones extremas de violencia familiar tanto hacia mujeres adultas como hacia menores.
Finalmente, desde las autoridades judiciales se ha expresado profunda preocupación por la persistencia constante e inaceptable del ataque hacia los integrantes más vulnerables del hogar —mujeres y niños— reflejando así un problema social complejo arraigado que requiere respuestas integrales desde todos los niveles gubernamentales y sociales para erradicar estas formas extremas e intolerables de violencia basada en género.
En resumen, este informe oficial no solo da cuenta clara sobre cifras concretas sino también permite comprender mejor las características sociodemográficas e institucionales relacionadas con los feminicidios ocurridos recientemente en Bolivia. La persistencia constante e inaceptable del fenómeno demanda acciones urgentes tanto preventivas como punitivas para proteger derechos humanos fundamentales e impedir que más mujeres pierdan sus vidas dentro del entorno familiar o social cercano
