El debate en torno al modelo de distribución de recursos conocido como 50-50, que busca equilibrar la asignación entre el gobierno central y las regiones, ha generado un fuerte rechazo en diversas instancias políticas y sociales, especialmente tras las recientes declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Su postura sobre los tiempos para la implementación del mecanismo ha provocado una ola de críticas que ha puesto en cuestionamiento su continuidad en el cargo y la pertinencia misma del viceministerio que representa.
Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz, una entidad con amplia influencia en la defensa de los intereses regionales, se expresó un claro descontento con la gestión de Barrientos. Su presidente, Stello Cochamanidis, señaló que la viceministra continúa “yendo contrarruta” al no alinearse con las demandas y expectativas sobre el avance del 50-50. Para esta organización, que históricamente ha impulsado la autonomía departamental y la descentralización administrativa, Barrientos no es la persona adecuada para liderar un proceso tan sensible y estratégico. Cochamanidis destacó que si el presidente busca profundizar la autonomía y recuperar competencias para las regiones eliminando leyes y decretos que limitan ese derecho, resulta fundamental contar con autoridades que compartan esa visión y voluntad política.
En paralelo, desde la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz también se alzó una voz crítica. Fernando Pareja, su presidente, calificó como insuficiente y centralista el enfoque mostrado por Barrientos en sus declaraciones públicas. Para Pareja, sus mensajes reflejan una falta de compromiso con el proceso autonómico que debería ser prioridad para quienes ocupan cargos vinculados a esta materia. Por ello exigió con firmeza su renuncia inmediata para evitar mayores perjuicios al avance regional.
Las críticas no se limitaron a los sectores cívicos o parlamentarios ligados a Santa Cruz; otras bancadas políticas también manifestaron su rechazo a las declaraciones de la viceministra. Khaline Moreno, diputada por Alianza Unidad, manifestó desacuerdo con la percepción de Barrientos sobre los tiempos necesarios para implementar el modelo 50-50. La diputada consideró inaceptable que se plantee un proceso que podría extenderse durante meses o años cuando lo requerido es mayor rapidez y seriedad para garantizar resultados concretos.
Un planteamiento aún más radical provino desde la bancada de Alianza Libre. Rafael López, líder del grupo parlamentario, propuso eliminar directamente el Viceministerio de Autonomías. En su opinión, esta dependencia fue concebida originalmente bajo el gobierno anterior como un instrumento para controlar a las gobernaciones y limitar las autonomías regionales. Según López, dado que Bolivia atraviesa ahora una etapa distinta en términos políticos y administrativos, mantener este viceministerio resulta contraproducente. En cambio, abogó porque cada gobernación asuma directamente las competencias relacionadas con sus procesos autonómicos sin intermediaciones centralistas.
El desencuentro gira en torno a una cuestión fundamental: los tiempos y métodos para implementar el modelo 50-50 que busca otorgar mayor autonomía financiera a los departamentos mediante una distribución equitativa de recursos entre nivel central y territorial. La viceministra Barrientos había advertido sobre los riesgos de establecer plazos acelerados o rígidos para un proceso complejo que puede durar desde días hasta años según las circunstancias políticas y técnicas involucradas. Su intención fue marcar un camino pragmático orientado a resultados efectivos para mejorar la calidad de vida ciudadana sin apresuramientos contraproducentes.
Sin embargo, este enfoque pragmático fue interpretado por muchos actores políticos como falta de compromiso o voluntad para avanzar rápidamente en un tema clave para el fortalecimiento regional. Así se ha generado una fuerte presión social y política para revisar no solo la figura personal de Andrea Barrientos como responsable directa del tema sino también la vigencia misma del viceministerio bajo su actual formato.
Este episodio pone en evidencia las tensiones persistentes entre centralismo y descentralización en Bolivia, donde diversos sectores luchan por consolidar modelos efectivos de autonomía departamental frente a estructuras estatales históricamente concentradas. Además refleja la sensibilidad política alrededor del manejo presupuestario regional como eje crucial para garantizar desarrollo equilibrado e inclusión territorial.
En definitiva, lo ocurrido tras las declaraciones sobre el modelo 50-50 abre una discusión profunda sobre cómo avanzar hacia procesos autonómicos más ágiles y efectivos que respondan a las demandas ciudadanas sin perder foco ni generar divisiones internas dentro del propio gobierno ni entre actores políticos clave. El futuro inmediato deberá definir si prevalece un enfoque más flexible o si se opta por reformas estructurales más profundas en materia institucional vinculada a autonomía territorial. Mientras tanto, los departamentos observan atentos cómo se resuelve esta controversia cuya resolución tendrá impacto directo en la gestión pública regional y nacional durante los próximos años
