El sector privado de Santa Cruz se encuentra en una situación de creciente preocupación debido a una deuda significativa que la municipalidad mantiene con diversas empresas, principalmente aquellas vinculadas al sector de la construcción. Esta deuda, que supera los 500 millones de bolivianos, ha sido objeto de atención por parte de la dirigencia de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Santa Cruz, quienes han manifestado su inquietud ante el impacto negativo que esta situación genera en más de un centenar de compañías locales.
Arnold Vaca, representante de la SIB en Santa Cruz, ha sido uno de los voceros que ha expuesto públicamente esta problemática. Según sus declaraciones, esta deuda no es reciente sino que se viene arrastrando desde hace aproximadamente dos años, lo que agrava aún más la situación financiera y operativa de las empresas afectadas. La acumulación del monto adeudado representa un obstáculo significativo para el normal desarrollo y sostenibilidad del sector privado dentro del municipio, especialmente para aquellas firmas dedicadas a la construcción, un rubro fundamental para el crecimiento urbano y económico local.
El retraso en los pagos por parte del Gobierno municipal no solo afecta la liquidez y capacidad operativa de estas empresas, sino que también tiene repercusiones directas sobre el empleo y la ejecución oportuna de proyectos públicos. En este contexto, las empresas proveedoras y contratistas ven comprometidos sus flujos financieros, lo que puede derivar en una cadena negativa para la economía regional. La magnitud del adeudo refleja problemas administrativos o financieros dentro de la gestión municipal encabezada por el alcalde Jhonny Fernández, generando dudas sobre la capacidad del gobierno local para cumplir con sus compromisos económicos.
Ante esta compleja situación, el sector privado no descarta emprender acciones legales o administrativas contra las autoridades municipales responsables. El planteamiento surge como una medida para exigir transparencia y responsabilidad en el manejo financiero del municipio y para garantizar que las empresas afectadas reciban los pagos pendientes. La posibilidad de iniciar procesos legales pone en evidencia un clima tenso entre el sector público y privado que podría tener repercusiones importantes tanto en lo político como en lo económico.
Este conflicto ocurre en un momento delicado para la administración municipal, ya que se encuentra bajo escrutinio público y judicial. Recientemente se ha conocido que el alcalde Jhonny Fernández enfrentará una audiencia cautelar, lo cual añade un nivel adicional de incertidumbre sobre su gestión y su capacidad para resolver los problemas financieros existentes. La combinación entre las dificultades judiciales del alcalde y las demandas económicas del sector privado podría influir decisivamente en el futuro político y administrativo del municipio.
En definitiva, la situación actual pone sobre la mesa desafíos significativos para la gestión pública municipal y evidencia las tensiones entre gobierno local y actores privados. La resolución efectiva de esta deuda será crucial no solo para restaurar la confianza entre ambos sectores sino también para asegurar el desarrollo sostenible y ordenado de Santa Cruz. Mientras tanto, las empresas afectadas deberán buscar mecanismos para proteger sus intereses ante un panorama económico complicado marcado por retrasos prolongados e incertidumbre institucional
