El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí ha dado un paso significativo en el proceso electoral subnacional al admitir la demanda de inhabilitación presentada contra Marco Antonio Copa Gutiérrez, quien actualmente ejerce como gobernador interino y es candidato a la Gobernación por la alianza oficialista Alianza Patria. Esta admisión implica la activación formal del procedimiento legal correspondiente, que incluye la obligación para la autoridad demandada de asumir su defensa ante el tribunal. El avance del caso fue confirmado por Víctor Hugo Vega del Carpio, presidente del TED, quien detalló que el proceso se encuentra en curso y que la Sala Plena del tribunal deberá emitir una resolución definitiva en un plazo máximo de tres días, contados a partir de la presentación formal de la respuesta por parte de Copa.
El presidente del TED enfatizó que este procedimiento se realiza bajo estrictos plazos procesales establecidos en la normativa electoral vigente. Indicó que tras la recepción y análisis de los descargos por parte del candidato, se convocará a una reunión colegiada con los cinco vocales para deliberar y adoptar una decisión conjunta. Esta aclaración busca subrayar que no se trata de una determinación unilateral sino de un fallo colegiado que respeta el debido proceso. Además, Vega del Carpio recordó que cualquier resolución emitida por el tribunal departamental no tendrá carácter definitivo, ya que las partes involucradas tienen la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este órgano superior es competente para confirmar, revocar o anular las decisiones tomadas a nivel departamental, reafirmando así los mecanismos de control y revisión en el marco del sistema electoral.
La admisión formal de la demanda fue establecida mediante un Auto emitido el 15 de febrero de 2026. La acción legal fue presentada por Jhonny Marcial Callapino López contra Marco Antonio Copa Gutiérrez en el contexto del Proceso Electoral Subnacional 2026. Inicialmente, el TED observó ciertas deficiencias formales en la presentación del recurso; sin embargo, estas fueron subsanadas oportunamente por el demandante dentro del plazo establecido, lo que permitió proceder con la admisión conforme a derecho. Posteriormente, se ordenó notificar al candidato y al delegado acreditado por su organización política para que presenten sus descargos y pruebas en un plazo perentorio de 48 horas desde su notificación. Para garantizar el derecho a la defensa, estas comunicaciones deben realizarse a través de los medios electrónicos oficiales declarados durante el registro de candidatura, tales como correo electrónico y WhatsApp.
Los fundamentos expuestos en la demanda giran en torno al supuesto incumplimiento por parte de Copa respecto a las normas electorales vinculadas con su condición como gobernador interino designado. Según Callapino, Copa debió renunciar a su cargo público antes del 22 de diciembre pasado para poder postularse legalmente como candidato a Gobernador; sin embargo, esta renuncia no habría ocurrido, lo que implicaría un incumplimiento normativo grave. Además, se le acusa de utilizar bienes y recursos públicos con fines proselitistas durante su gestión y presionar a funcionarios dentro del aparato estatal para favorecer su candidatura. Estos señalamientos apuntan hacia posibles irregularidades administrativas y éticas relacionadas con el uso indebido del poder público durante un periodo electoral.
La demanda también incluye consideraciones sobre el contexto político particular en torno a la candidatura de Copa. Se menciona que inicialmente estuvo vinculado con el Movimiento al Socialismo (MAS) pero no logró consolidar una organización propia dentro de ese espacio político. En consecuencia, habría buscado apoyo en el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), integrante principal de la alianza Alianza Patria bajo cuyo sello postula actualmente. Este detalle refleja las dinámicas internas y negociaciones políticas previas al proceso electoral, mostrando cómo ciertos actores buscan alianzas estratégicas para fortalecer sus candidaturas.
Cabe recordar que Marco Antonio Copa asumió interinamente las funciones como gobernador tras la renuncia anticipada de Jhonny Mamani, quien fue elegido originalmente para ese cargo en 2021 pero actualmente está privado de libertad desde 2023 en el penal San Pedro de La Paz. Mamani enfrenta procesos judiciales relacionados con un escándalo conocido como las 41 ambulancias fantasmas, un caso donde supuestamente se adquirieron vehículos inexistentes o sin garantías legales durante una gestión marcada por emergencias sanitarias derivadas de la pandemia del covid-19. Este antecedente añade complejidad al escenario político departamental dado que involucra temas delicados sobre corrupción y manejo administrativo.
Este episodio judicial ocurre apenas poco más de un mes antes de las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo, cuando los tribunales electorales nacionales y departamentales están bajo presión para resolver múltiples recursos relacionados con inhabilitaciones e impugnaciones dentro estrictos plazos procesales. Estas medidas buscan garantizar el respeto al principio constitucional conocido como preclusión electoral, que establece límites temporales claros para adoptar decisiones administrativas o judiciales vinculadas con procesos electorales con miras a preservar la estabilidad e integridad del calendario comicial.
En suma, este desarrollo pone sobre relieve las tensiones legales y políticas presentes en Potosí rumbo a las próximas elecciones subnacionales. La admisión formal y tramitación acelerada del recurso contra uno de los principales candidatos refleja tanto los desafíos institucionales para administrar procesos electorales complejos como las disputas internas entre fuerzas políticas rivales sobre legitimidad y cumplimiento normativo. El desenlace próximo será clave no solo para definir quién podrá participar oficialmente como candidato sino también para mantener o restablecer confianza ciudadana en los mecanismos democráticos locales frente a acusaciones graves relacionadas con abuso administrativo y presunto uso indebido del poder público durante períodos electorales críticos
