El colapso del sistema eléctrico en Bermejo, ocurrido hace más de un año y que dejó a la ciudad sin energía durante nueve días consecutivos, continúa siendo un tema de controversia y debate público. Este suceso, que tuvo lugar en octubre de 2024, generó un impacto significativo en la vida cotidiana de los habitantes, afectando no solo la provisión de electricidad sino también el comercio local y el funcionamiento de servicios básicos esenciales para la comunidad.
El origen del apagón fue la falla del único transformador con capacidad de 10 megavatios instalado en la subestación El Nueve. La ausencia de un respaldo o transformadores adicionales evidenció una vulnerabilidad crítica en la infraestructura eléctrica que abastece a Bermejo. Esta fragilidad técnica puso en relieve las limitaciones operativas y la dependencia de un solo equipo para mantener el suministro energético en una ciudad con necesidades crecientes.
En este contexto, el asambleísta departamental José Yucra ha tomado una postura firme al anunciar la presentación de una demanda judicial contra la Gobernación y Servicios Eléctricos Tarija (Setar). Su acción legal se fundamenta en documentos recientes emitidos por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AE), los cuales, según Yucra, atribuyen una responsabilidad total a Setar por el desabastecimiento eléctrico que afectó a Bermejo. Más allá del reclamo administrativo, el asambleísta sostiene que existen indicios suficientes para configurar delitos relacionados con el incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, señalando una posible negligencia institucional que habría agravado las consecuencias del apagón.
Por su parte, desde Setar se rechazan estas acusaciones categóricamente. El gerente Marco López reconoció la gravedad del problema sufrido en 2024 pero enfatizó que las causas principales no fueron derivadas de una gestión deficiente o falta de mantenimiento por parte de la empresa. Según López, un factor determinante fue la baja presión del gas natural disponible para generar electricidad, lo cual afectó directamente la capacidad operativa del sistema eléctrico local. Además, señaló que uno de los transformadores presentó una falla técnica originaria —un desperfecto inherente al equipo— que fue atendida inmediatamente por el personal técnico.
Para mitigar los efectos del apagón, Setar implementó medidas emergentes como una interconexión provisional desde el municipio vecino de Caraparí hacia Bermejo. Esta acción permitió restablecer parcialmente el suministro eléctrico mientras se gestionaban otras soluciones complementarias. Posteriormente, se incorporó un generador adicional y se logró conectar a Bermejo al Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que ha permitido garantizar actualmente un abastecimiento más estable y seguro para la ciudad.
Respecto al informe emitido por la AE, existe una interpretación divergente entre las partes involucradas. Mientras Yucra lo utiliza como base para fundamentar responsabilidades legales severas, desde Setar aseguran que dicho documento no establece sanciones económicas ni determina daños patrimoniales específicos contra la empresa distribuidora. En cambio, lo consideran una mera llamada de atención destinada a mejorar procesos internos y fortalecer controles operativos sin implicar ninguna penalización formal.
Este episodio pone en evidencia varios desafíos estructurales y administrativos relacionados con el suministro eléctrico en regiones como Bermejo. La dependencia tecnológica concentrada en un único transformador revela vulnerabilidades críticas frente a fallas técnicas o contingencias externas como fluctuaciones en el suministro energético primario —en este caso, gas natural—. Al mismo tiempo, las discrepancias entre autoridades políticas y empresas proveedoras reflejan tensiones institucionales sobre responsabilidades y rendición de cuentas frente a problemas que afectan directamente a la población.
Para los habitantes de Bermejo, este debate judicial y administrativo tiene implicaciones concretas: más allá del daño económico o político que pueda derivarse para las instituciones involucradas, está en juego la garantía de un servicio básico fundamental para su calidad de vida y desarrollo local. La prolongada interrupción eléctrica evidenció no solo deficiencias técnicas sino también posibles falencias en planificación preventiva y gestión eficiente ante emergencias.
En definitiva, este caso destaca la importancia de fortalecer mecanismos integrales para asegurar continuidad y confiabilidad en el suministro eléctrico regional, así como establecer responsabilidades claras cuando ocurren fallas significativas. La resolución definitiva del conflicto legal anunciado podría sentar precedentes sobre cómo se abordan estas crisis futuras y cuál es el papel tanto del Estado como de las empresas encargadas en proteger los intereses colectivos frente a eventuales negligencias o problemas técnicos inevitables
