El Ministerio Público ha formalizado la imputación contra Franklin Flores, quien fuera gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), en relación con un caso que involucra presuntas irregularidades y actos de corrupción en la ejecución de una planta piscícola destinada a operar en el Lago Titicaca. Este proceso judicial se enmarca dentro de una serie de investigaciones que buscan esclarecer eventuales delitos cometidos en proyectos públicos, con especial atención a cómo se manejan los recursos y contratos en entidades estatales.
Flores enfrenta cargos por presunta comisión de varios delitos, entre los que destacan el incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Estas imputaciones surgen a raíz de una investigación que detectó irregularidades tanto en el proceso de contratación como en la ejecución y finalización de la obra, la cual, según los informes oficiales, aún no estaría operativa. La planta piscícola, concebida para potenciar la producción alimentaria mediante el aprovechamiento del ecosistema del Lago Titicaca, se ha convertido así en el epicentro de un escándalo que pone en cuestión la gestión pública y el control institucional sobre proyectos estratégicos para la región.
El Ministerio Público ha solicitado además la detención preventiva de Flores por un periodo de seis meses en el penal de San Pedro, medida que se ha solicitado pese a que el exgerente ya se encuentra privado de libertad por otro proceso judicial. Esta solicitud responde a la gravedad de las imputaciones y al riesgo procesal identificado por las autoridades encargadas del caso.
Durante la investigación, la Fiscalía logró recopilar ocho elementos probatorios que apuntan a la participación directa del exgerente en las irregularidades denunciadas. Entre estos elementos se encuentran minutas contractuales entre EMAPA y una Asociación Accidental encargada del proyecto, además de dos contratos modificatorios vinculados al mismo. También se incluyen declaraciones testimoniales clave, donde se menciona un pago irregular por 80.000 bolivianos realizado al representante legal encargado de supervisar la obra. Este tipo de pagos cuestionables forman parte del conjunto probatorio que será presentado ante la autoridad jurisdiccional cuando se establezca fecha y hora para la audiencia cautelar correspondiente.
Este caso fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado desde el primero de octubre del año 2025, dando inicio así a una serie de diligencias investigativas orientadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales. La implicación directa del exgerente en estas supuestas irregularidades no solo afecta su situación personal sino que también impacta sobre la credibilidad institucional y sobre los recursos públicos destinados a proyectos sociales y productivos.
La relevancia del caso radica en que involucra recursos estatales destinados al desarrollo productivo regional mediante un proyecto emblemático como es el establecimiento de una planta piscícola en una zona con gran potencial económico pero también vulnerable ambientalmente. La paralización e inoperatividad actual del proyecto reflejan no solo un perjuicio económico sino también un retraso significativo para las comunidades locales que podrían beneficiarse directamente con esta iniciativa.
En definitiva, este procedimiento judicial representa un paso importante para fortalecer los mecanismos legales contra actos irregulares dentro del sector público y promover una gestión transparente y responsable. La atención pública está puesta ahora en el desarrollo procesal del caso y en su posible impacto tanto sobre las políticas internas dentro de EMAPA como sobre futuras iniciativas similares destinadas a mejorar las condiciones productivas y sociales alrededor del Lago Titicaca
