Este sábado se conmemora el décimo aniversario del referéndum constitucional celebrado en 2016 en Bolivia, un momento crucial en la historia política reciente del país. En aquella consulta popular, la mayoría de los bolivianos rechazó modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación presidencial del entonces mandatario Evo Morales. Este resultado, conocido popularmente como el “21F”, significó un punto de inflexión que ha dejado una huella profunda en el escenario político nacional y que, a una década de distancia, continúa generando debates sobre la vigencia del respeto al voto popular y la justicia.

El referéndum constituyó una clara expresión de voluntad ciudadana en defensa de los límites al ejercicio del poder. El 51,3% de los votantes optó por el “No” a la modificación constitucional, mientras que el 48,7% apoyó el “Sí”. Este margen reflejó un país dividido pero decidido a mantener las reglas democráticas vigentes. Sin embargo, esta voluntad popular fue puesta en entredicho cuando, en 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que habilitó la repostulación indefinida del presidente Morales, alegando que la reelección constituía un derecho humano. Esta decisión judicial generó una fuerte controversia y tensiones políticas que profundizaron la polarización social y sentaron las bases para la crisis política que estalló en 2019.

La conmemoración de este aniversario se ha convertido en una jornada de reflexión crítica sobre el respeto a las instituciones democráticas y la aplicación equitativa de la ley. En La Paz, activistas que participaron activamente en las protestas y movilizaciones por el 21F se reunieron en la plaza Murillo portando mensajes que recordaban el rechazo popular a cambiar la Constitución para favorecer intereses personales o partidarios. Estas manifestaciones no solo evocan aquel momento histórico sino también denuncian lo que consideran una persistente impunidad frente al desconocimiento del mandato ciudadano.

Las plataformas ciudadanas han expresado su preocupación por lo que describen como una justicia selectiva y politizada. Señalan que cuando las decisiones legales no se aplican con igualdad y transparencia, se erosiona la autoridad del Estado y disminuye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Este reclamo pone sobre la mesa uno de los grandes desafíos democráticos bolivianos: garantizar que todos los actores políticos estén sujetos al mismo marco legal sin privilegios ni excepciones.

La relevancia del 21F trasciende las fronteras de La Paz y se refleja también en otras regiones como Santa Cruz, donde agrupaciones como Hijos De La Patria han realizado concentraciones con consignas similares para reafirmar el mensaje original: Bolivia dijo no a perpetuar gobiernos ni alterar las reglas democráticas para favorecer intereses particulares. Estos actos masivos evidencian cómo aquel referéndum continúa siendo un símbolo potente para diversos sectores sociales comprometidos con la defensa de la democracia.

En paralelo a estas movilizaciones ciudadanas, diversos líderes políticos han pronunciado reflexiones sobre el significado histórico del referéndum y su impacto en el devenir político nacional. Para figuras emblemáticas dentro del espectro opositor al Movimiento al Socialismo (MAS), como los expresidentes Tuto Quiroga y Carlos Mesa, aquel voto representó un límite claro al autoritarismo y a los intentos de perpetuación en el poder. Ambos coinciden en subrayar que mantener vivos los mecanismos constitucionales que regulan y limitan el ejercicio del poder es esencial para preservar la democracia.

Desde órganos legislativos y gubernamentales regionales también se han sumado voces que interpretan el 21F como un recordatorio contundente sobre los límites intrínsecos al poder político. Para autoridades como el presidente del Senado o el gobernador de Santa Cruz, esta fecha encarna una expresión firme y consciente de libertad ciudadana capaz de transformar realidades políticas e inspirar unidad social frente a desafíos comunes.

El asambleísta departamental Zvonko Matkovic ha destacado además cómo esa jornada marcó el inicio de una lucha ciudadana por defender valores democráticos fundamentales y garantizar que la voz popular sea respetada sin diluirse ante intereses particulares o presiones políticas.

En este contexto, desde el Órgano Ejecutivo también se ha enfatizado que cuidar la democracia es un compromiso permanente que exige proteger continuamente el derecho al voto popular. Se señala que aquella decisión tomada hace diez años representó un cambio significativo en el rumbo político nacional y que hoy resulta vital mantener viva esa convicción para enfrentar nuevos retos institucionales.

En suma, tras diez años del referéndum constitucional conocido como “21F”, Bolivia vuelve a poner atención sobre uno de los episodios más emblemáticos recientes donde se manifestó claramente un rechazo ciudadano a modificar normas fundamentales para favorecer aspiraciones políticas personales. Esta fecha permanece vigente no solo como recuerdo histórico sino también como llamada a fortalecer las instituciones democráticas mediante justicia imparcial e igualdad ante la ley, condiciones indispensables para consolidar un Estado auténticamente democrático y respetuoso de su pueblo