El hallazgo de un millonario cargamento de droga en el Trópico de Cochabamba ha vuelto a poner en el centro del debate público la problemática del narcotráfico en Bolivia, un tema que genera profundas divisiones políticas y sociales. En este contexto, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, atribuyó directamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) la responsabilidad por la situación actual vinculada a la producción y tráfico ilegal de drogas.
El operativo que culminó con el decomiso de aproximadamente 840 kilos de droga, además de una avioneta Cessna y una camioneta Toyota, tuvo lugar en el municipio de Villa Tunari, una zona emblemática del Trópico cochabambino. Este hecho no solo evidenció la magnitud del negocio ilícito en esta región, sino también la violencia implícita en su control, dado que el operativo se desarrolló en medio de un enfrentamiento armado. La incautación representa un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico, pero también pone en relieve las complejidades y los desafíos que enfrenta el Estado para erradicar este flagelo.
El viceministro Justiniano explicó que para elaborar esos más de 800 kilos de droga fue necesaria una producción masiva de hoja de coca, estimando que se utilizaron alrededor de 500 mil kilos del producto base y un área aproximada de 185 hectáreas para su cultivo. Estas cifras ilustran cómo la expansión desmedida del cultivo ha propiciado un crecimiento paralelo e ilegal en la elaboración de sustancias ilícitas. Según sus declaraciones, esta situación es consecuencia directa de políticas implementadas durante la gestión del MAS.
Para contextualizar esta afirmación, Justiniano recordó estudios técnicos previos que establecían que el consumo tradicional boliviano demandaba cerca de 14.700 hectáreas destinadas al cultivo legal y culturalmente aceptado de hoja de coca. Sin embargo, durante los años en los que Evo Morales estuvo al frente del país, esta cifra fue incrementada oficialmente hasta alcanzar las 22.000 hectáreas. Más aún, actualmente se calcula que la superficie real cultivada supera las 40.000 hectáreas, lo cual evidencia un crecimiento exponencial y fuera de control que facilita la producción ilícita.
Este incremento desproporcionado ha derivado en lo que Justiniano denominó “narcocracia”, haciendo referencia a la infiltración y arraigo del narcotráfico dentro de las instituciones estatales y estructuras económicas nacionales durante el periodo mencionado. La lucha contra estas redes ha sido presentada como una prioridad por parte del actual gobierno, con acciones dirigidas a desmantelar estas organizaciones y recuperar los espacios afectados por este fenómeno.
El viceministro enfatizó que no existe ninguna zona liberada para el narcotráfico dentro del país; por el contrario, se está llevando adelante una ofensiva integral para ingresar a todos los territorios donde operan estas actividades ilegales. Este compromiso busca enfrentar no solo la producción y comercialización directa sino también las redes financieras y políticas vinculadas al negocio ilícito.
En medio de estas declaraciones oficiales surgieron respuestas desde sectores afines al MAS. El expresidente Evo Morales manifestó críticas hacia la gestión actual, señalando que Estados Unidos estaría involucrado en actividades relacionadas con la introducción masiva de marihuana líquida al territorio boliviano con total impunidad y sin respuesta gubernamental efectiva. Esta acusación apunta a una narrativa contrapuesta respecto a quién o qué actores son responsables o están detrás del incremento reciente en el tráfico ilegal.
Este intercambio refleja no solo un choque político sino también la complejidad del fenómeno del narcotráfico en Bolivia, donde factores históricos, culturales, económicos e internacionales se entrelazan dificultando su erradicación definitiva. La región del Trópico cochabambino continúa siendo un foco crítico debido a sus condiciones geográficas propicias para el cultivo y procesamiento ilícito, así como por su importancia estratégica para las rutas comerciales ilegales.
En suma, este nuevo hallazgo pone nuevamente sobre la mesa la necesidad imperiosa de diseñar estrategias integrales que combinen control efectivo sobre los cultivos excedentarios con alternativas económicas sostenibles para las comunidades productoras tradicionales. Asimismo, subraya la importancia de fortalecer las instituciones estatales para evitar cualquier tipo de complicidad o infiltración dentro del aparato público que facilite este delito transnacional. La población boliviana sigue expectante ante las acciones concretas que permitan avanzar hacia una reducción real y sostenible del narcotráfico en su territorio
