El alcalde de Tarija, Johnny Torres, ha expuesto con claridad la delicada situación financiera que enfrentan los municipios en Bolivia, enfatizando la urgente necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de financiamiento local. En un contexto nacional marcado por el debate sobre la coparticipación tributaria y el modelo conocido como “50-50”, impulsado políticamente por Rodrigo Paz, la autoridad municipal planteó alternativas concretas para fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de obras en los gobiernos municipales.
Torres explicó que, en términos generales, si el Gobierno nacional incrementara las transferencias hacia los municipios —por ejemplo, en un monto cercano a los 200 millones de bolivianos— se podrían cubrir responsabilidades adicionales que hoy resultan difíciles de afrontar. Entre estas responsabilidades se encuentran el pago de ítems en salud y la inversión en infraestructura educativa. Según detalló, con una asignación estimada de 50 millones anuales para el pago del personal médico y otros 50 millones para proyectos educativos, quedarían alrededor de 100 millones disponibles para inversión pública directa en barrios y comunidades. Este remanente permitiría la ejecución de obras básicas y necesarias como asfaltado, instalación de luminarias y mejoras tanto en zonas rurales como urbanas.
Sin embargo, advirtió que sin una modificación estructural en el sistema actual de financiamiento, los municipios perderán progresivamente su capacidad para invertir y atender las necesidades básicas de la población local. Para ilustrar esta situación, citó el caso específico del municipio de Tarija, donde el presupuesto destinado a inversión apenas alcanza los 20 millones de bolivianos para atender más de 260 barrios y 78 comunidades rurales. Esta cifra resulta claramente insuficiente para cubrir las demandas crecientes en infraestructura y servicios públicos.
La problemática no es exclusiva del municipio capitalino; Torres señaló que cerca del 80% de los municipios del interior del país se encuentran al borde del colapso financiero. Como ejemplo puntual mencionó al municipio de Yunchará, donde su alcalde ya ha manifestado públicamente que la falta de recursos compromete seriamente la continuidad administrativa y operativa. Incluso con un esquema como el “50-50” propuesto para la coparticipación tributaria —que implica repartir equitativamente entre Gobierno central y municipios— no todos los gobiernos locales lograrían superar sus dificultades financieras debido a su limitada generación propia de tributos como IVA, ITE o IUE.
Frente a este panorama complejo y preocupante, Johnny Torres propuso retomar un mecanismo que en su momento contribuyó a equilibrar las diferencias entre municipios grandes y pequeños: la Ley de Participación Popular. Esta normativa distribuía recursos con base en criterios poblacionales, buscando nivelar las desigualdades económicas entre territorios más ricos y más pobres. Según destacó el alcalde tarijeño, esta ley fue fundamental porque permitía una redistribución equitativa que beneficiaba especialmente a los municipios con menor capacidad tributaria.
Además, Torres enfatizó que los gobiernos municipales no aspiran a recibir recursos sin condiciones ni controles; por el contrario, buscan transferencias con destinos específicos garantizados. Citó como ejemplo positivo al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuyos fondos estaban orientados exclusivamente a sectores prioritarios como educación, salud y deportes. Este tipo de asignaciones condicionadas asegura que los recursos sean utilizados efectivamente para mejorar servicios públicos esenciales.
En relación al debate nacional sobre el modelo “50-50”, el alcalde consideró que una solución definitiva requeriría avanzar hacia un modelo federal para Bolivia. Recordó declaraciones recientes del presidente del país donde mostró simpatía hacia esta visión federalista. Como referencia mencionó el sistema brasileño, donde aproximadamente el 70% de los recursos públicos se distribuyen entre las unidades autónomas (estados o municipios), mientras que solo un 30% permanece bajo control central para funciones estratégicas como defensa nacional o política exterior. Este esquema permite mayor autonomía financiera y administrativa a las regiones sin debilitar al Estado central.
Torres subrayó que todas estas alternativas son posibles siempre que se preserve la forma institucional adecuada y se evite caer en la inacción o falta total de propuestas ante esta problemática estructural. La caída sostenida en los ingresos municipales ha generado un desbalance grave que afecta directamente programas sociales esenciales así como obras públicas indispensables para mejorar la calidad de vida.
Finalmente, el alcalde resaltó algunos logros alcanzados durante su gestión al frente del municipio capitalino: ha logrado saldar importantes pasivos financieros heredados y ejecutar proyectos claves considerados imprescindibles para continuar con la transformación urbana. No obstante, insistió en que Tarija necesita consolidar este proceso mediante estabilidad financiera sólida y continuidad sostenible en sus proyectos e inversiones locales.
En suma, la intervención del alcalde Johnny Torres pone sobre la mesa una realidad ineludible: sin cambios profundos en las políticas nacionales sobre distribución tributaria y financiamiento municipal será cada vez más difícil atender las necesidades básicas ni llevar adelante desarrollos integrales en las localidades bolivianas. La búsqueda conjunta entre Gobierno central y gobiernos locales debe encaminarse hacia esquemas justos, equilibrados y efectivos que garanticen recursos suficientes para impulsar desarrollo territorial sostenible e inclusivo
