La reciente aprehensión de Gabriela Delgadillo, quien se desempeñó como exgerente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha generado reacciones y cuestionamientos en torno a la legalidad del procedimiento llevado a cabo por las autoridades. Su abogado defensor, Ariel Góngora, ha manifestado que la detención realizada carece de fundamento jurídico adecuado, subrayando que el mecanismo aplicado no fue el correcto según los protocolos legales establecidos para este tipo de casos.
Góngora explicó que, ante una situación investigativa como la que enfrenta su representada, lo procedente habría sido emitir una citación formal para que Delgadillo se presente voluntariamente a declarar ante las instancias correspondientes. En cambio, lo que ocurrió fue la ejecución directa de una orden de aprehensión amparada en el artículo 226, emitida por la fiscalía, lo cual considera un procedimiento inapropiado y excesivo.
Además de cuestionar la forma en que se llevó a cabo la aprehensión, el abogado también hizo énfasis en el estado de salud de Gabriela Delgadillo, señalando que ella presenta problemas médicos que deberían ser considerados antes de implementar medidas restrictivas tan severas como una detención. Este aspecto añade un componente humanitario al caso y pone en relieve la necesidad de evaluar con cautela las circunstancias personales del investigado dentro del proceso legal.
Por otro lado, Góngora resaltó que las autoridades encargadas de la investigación tenían pleno conocimiento tanto del domicilio como del lugar de trabajo de su defendida. Esto refuerza su argumento sobre la posibilidad —y conveniencia— de haber utilizado mecanismos menos drásticos para asegurar su comparecencia ante la justicia. La opción de citarla formalmente habría permitido avanzar con el proceso sin recurrir a medidas coercitivas inmediatas y potencialmente perjudiciales.
Este episodio también se vincula con una denuncia previa hecha desde la Fiscalía, donde se advierte sobre una presunta usurpación de funciones por parte de Gabriela Delgadillo durante su gestión en YPFB. Se le imputa haber firmado documentos oficiales con la representación o el cargo de vicepresidenta sin contar con la autorización o legitimidad para ello. Esta acusación constituye el eje central alrededor del cual gira la investigación y explica las acciones legales emprendidas contra ella.
En suma, el caso pone en evidencia tensiones entre las garantías procesales y los procedimientos penales aplicados por las autoridades bolivianas en contextos sensibles como los relacionados con altos funcionarios públicos. La defensa insiste en que debe respetarse el debido proceso y priorizarse un trato digno hacia quienes enfrentan investigaciones judiciales, especialmente cuando existen condiciones personales particulares como problemas de salud. La evolución del caso será clave para entender cómo se equilibran estos elementos dentro del sistema judicial y qué precedentes puede sentar respecto al manejo legal de exfuncionarios vinculados a entidades estatales estratégicas como YPFB
